En el pasado, los legisladores eran llamados “honorables”. Pero esa palabra no se utilizaba como adjetivo, es decir, como “cualidad o accidente”, sino como “tratamiento que en algunos lugares se da a los titulares de determinados cargos”.
La situación de “honorable” no provenía, precisamente, del “honor” o de la “cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo”. Provenía de la situación económica de quien desempeñaba el cargo.
Y es que en los primeros meses de la democracia —preferimos evitar decir “años”, para no equivocarnos—, los cargos de senadores y diputados eran “ad honorem”: se desempeñaban sin recibir retribución económica alguna.
Desde luego, no siempre fue así. Las dictaduras militares clausuraron el Congreso y los ítems para pagar el sueldo de senadores y diputados se redistribuyeron en otros menesteres. Así, al recuperar la democracia, no había cómo pagar a los parlamentarios y el asunto se solucionó sabiamente: no se les pagaría sueldo, pero sí una dieta por sesión asistida.
Si todo se hubiera dejado así, probablemente muchas cosas hubieran sido distintas en el país, pero, al tener en sus manos la aprobación de leyes, a los parlamentarios no les costó nada viabilizar una que les restituyera el pago de sueldos y salarios. El monto fijado inicialmente fue de 1.000 dólares, o su equivalente en bolivianos, pero, si revisamos las planillas actuales encontraremos que esa suma varió con el tiempo y hoy está por encima del doble.
Los legisladores de hoy ganan mucho más que los del pasado. ¿Se justifica ese trato salarial? Las tareas básicas de los parlamentarios son tres: legislación, fiscalización y gestión; ¿cuántos pueden decir que las cumplieron o las cumplen a cabalidad?
Incluso desde la recuperación de la democracia, el Congreso boliviano es una plaza más de poder y controlarlo es importante no precisamente para legislar, fiscalizar y gestionar, sino por la posibilidad de que a partir de ahí se pueda obtener beneficios para los partidos políticos en él representados.
El Poder Judicial, ahora llamado Órgano Judicial, fue concebido para hacer leyes, que se supone deben beneficiar a la sociedad, y también para fiscalizar al poder a nombre de esa colectividad. Falible como es, el hombre tiende a corromperse cuando está en el poder y, una de las misiones de este cuerpo colegiado es controlarlo. Si comprueba que el o los gobernantes han vulnerado la ley —o han hecho cosas peores— se encarga de sancionarles.
Lamentablemente, en muchos de nuestros países —incluida Bolivia—, esa tarea primordial se ha olvidado por completo ya que, cuando el partido gobernante tiene mayoría —peor si es absoluta—convierte el Judicial en un apéndice del Ejecutivo que, en lugar de fiscalizar, viabiliza todo lo que hace el Gobierno y, debido a esa orientación monopartidaria, las leyes que aprueba no son de interés de la sociedad, sino de las organizaciones políticas que controlan el poder.
Como se sabe, legisladores hay de todo tipo. Ahora tenemos también departamentales y municipales. Y muchas veces, sus sesiones suelen suspenderse por falta de quórum…
En un planeta con una guerra atroz y en crisis económica motivada por la gran reclusión, es irracional seguir manteniendo a este tipo de funcionarios. Bueno sería que cobrasen por sesiones cumplidas, y que así recuperasen su perdida condición de honorables. (R)
