El cabildo del domingo pasado en Santa Cruz superó, de lejos, las expectativas que tenían moros y cristianos y demostró que la gente es capaz, por un lado, de expresar al país, y, por el otro, de interpelar al sistema político-partidario y a otras organizaciones de intermediación para renovar un mensaje que desde 2019 lanza a los operadores políticos sin recibir una condigna respuesta: basta de confrontación, recuperar el estado democrático, garante de los derechos básicos de los ciudadanos, y diseñar modelos de desarrollo ampliamente participativos e inclusivos.

Esa debería ser la visión de los actores políticos, cívicos, sociales. Pero, ha habido una coincidencia, por ejemplo, entre los operadores del Gobierno y la conducción cívica cruceña de regionalizar el cabildo. Basta ver las declaraciones de voceros del Gobierno y de organizaciones sociales afines al MAS para darse cuenta de que no han comprendido la dimensión de este fenómeno como algunos de los “mandatos” que los cívicos han sacado, como aquella de dar un plazo a los departamentos del país para ver si están o no con Santa Cruz.

Es necesario comprender que en la movilización estaba el país, y no solo como presencia activa de migrantes de los diversos departamentos a Santa Cruz, sino porque aún desde afuera se tenía la convicción de que ese es el camino.

Haciendo un parangón, ese papel cumplió, en diferentes etapas de nuestra historia, La Paz. Ahí se definía, con aciertos y errores, el destino del país, no solo porque cobijaba a ciudadanos proveniente de los demás departamentos, sino que su dirigencia sentía que expresaba los interese del país y no tenía que pedir adhesión alguna porque sabían que la tenían y si no, el decurso de los acontecimientos lo haría.

Reconocer este cambio de eje afecta intereses de Santa Cruz y de todo el país porque, en ese departamento, el cabildo ha trascendido el corporativismo que ha caracterizado a sus organizaciones cívicas y regionales, lo que implica tener que aprender a negociar con legítimas aspiraciones nacionales y olvidar los desvaríos autoritarios que en muchas oportunidades han mostrado.
También exige que en el país se asuma que Santa Cruz se ha convertido en el destino preferido de los bolivianos.

En este sentido, habrá que dotar a esa población de la representación que corresponde, y de los servicios que el Estado presta, especialmente en salud y educación.
Así, en una Bolivia que ha colapsado por obra de los conductores de un frustrado proceso de cambio, que deslegitimó la Constitución Política del Estado que ellos mismos propusieron e impusieron, se abre el escenario para volver a discutir qué tipo de Estado queremos, y en él toda propuesta vale.

Es probable que este análisis del cabildo boliviano que se realizó en Santa Cruz sea motivo de optimismo tanto por la dimensión que tuvo como porque expresa un sentimiento cada vez más generalizado de rencuentro, sino porque, como también ha ocurrido en varios episodios de nuestra historia, hay el riesgo de que dejemos pasar esta nueva oportunidad de construir un país en serio.

Me late, empero, que hemos comenzado a caminar por otro sendero…