Permacrisis es la Palabra del 2022 para el Collins Dictionary, que se define como «un período prolongado de inestabilidad e inseguridad», algo de lo que en Bolivia conocemos bien desde fines de los 90 pero que desde el fraude electoral de 2019 ha sido crisis permanente: fraude-gobierno transitorio-pandemia-pugna dentro del MAS-crisis de gestión del gobierno de Arce y, como culmen, la crisis del censo: no un suceso aislado sino parte del proceso continuado de resquebrajamiento de la gobernabilidad y de la democracia en Bolivia.

Una rápida cronología de la crisis del censo tiene prolegómeno en 2021 cuando el gobierno nacional (Decreto Supremo 4546) fijó el empadronamiento del Censo para el 16 de noviembre de 2022, defendido machaconamente incluso cuando la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno precisó que era imposible completar la cartografía censal para esa fecha. Y empezó el bolleo: cambio de autoridades; cartografía censal atrasada “con pocos recursos tecnológicos” (a pesar del crédito del BID por USD 100 millones para «el uso de tecnologías de punta [...] para la captura de la información», además de otro de FONPLATA), entre otras “linduras”.

El tercer acto fue a inicios de julio, cuando el Consejo Nacional de Autonomías —ausente de motu proprio la Gobernación cruceña, que dejó la Región sin voz (descarto la acomodaticia del alcalde capitalino)— dejó patear el censo para entre mayo y junio de 2024 con el Decreto Supremo 4760 (aunque, según el viceministro de Autonomías, el Gobierno central había propuesto finales de 2023): un puñetazo para que el PGE 2025 no redistribuyera los recursos fiscales ni que las elecciones de ese año se redistribuyera la representatividad en la Asamblea ni (algo menos mencionado), por ende, se corrigiera la cartografía electoral con los resultados del censo.

(Aclararé el tema censo-padrón: Se ha mencionado como error que los resultados del censo pudieran servir para “auditar el padrón”. Como yo he publicado “contrastar el padrón electoral con los resultados del censo”, prefiero aclarar —semánticamente— que sí es posible contrastarlos: contrastar significa, según la RAE: «Mostrar notable diferencia, o condiciones opuestas, con otra, cuando se comparan ambas» y, precisamente, el crecimiento del padrón ha sido mucho mayor al vegetativo; a otros quedará el auditar.)

Desde que el 30 de septiembre, el primer Cabildo decidió —si no se aceptaba realizar el censo en 2023— ir a paro indefinido pero el gobierno nacional fue sordo; negociadores —de ambos bandos, con excepciones— no negociaron —negociar es debatir— sino defendieron inflexibles sus posiciones a pesar del llamado de instituciones, la sociedad civil y la Iglesia. El paro avanzó irrefrenable y exitosamente, a pesar que la comunicación nacional y la coordinación con otros departamentos —y las acciones de éstos— fueron escasas o nulas, un error estratégico.

Todos conocemos lo que pasó en los primeros 21 días: bloqueos, agresiones, descalificaciones —mutuas— mientras la propuesta técnica cruceña ganaba adhesiones y aperturas fuera del gobierno nacional. La estrategia oficial de vencer por cansancio, hambre y miseria no funcionó y el gobierno tuvo que flexibilizar (DS 4546) algunas posiciones y pasó la posta a otros Poderes (cooptados mayormente).

En el segundo Cabildo se emitieron cinco preguntas, algunas ambiguas: 1) instruir a los legisladores cruceños gestionar la inmediata aprobación de una ley que garantizara la aplicación económica y electoral de los datos del Censo antes de las elecciones de 2025; 2) delegar al Comité pro Santa Cruz la convocatoria de una comisión constitucional que, legal y democráticamente, revisará la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano [esto entendido como federalismo]; 3) y 4) reclamar y exigir a los departamentos de Bolivia se unieran a esta lucha [cruceña], so pena [se entiende así] de centrar el reclamo en beneficio de los bolivianos —cruceños o inmigrantes— en Santa Cruz, y 5) mantener el paro hasta que, en esas 72 horas, fueran liberados todos los detenidos ilegalmente y acabara toda persecución judicial. La primera se cumplió —aunque la Asamblea no aceptó priorizarla—; la segunda se cumplirá; el ukase no prosperó fuera de Potosí, y el quinto se cumplió parcialmente.

Éste es el panorama a puertas de fin de año y lo que apareja. Laissez faire, laissez passer (“dejar hacer, dejar pasar”) ha sido la filosofía y estrategia en política y en gestión del arcismo. ¿Cuál es —si hay—, a partir de ahora, la nuestra?