Anteayer, miércoles 22, debía haberse llevado, según el primer anuncio al respecto, el Censo Nacional de Población y Vivienda. No ocurrió así porque, a pesar de que el Gobierno aseguró que prácticamente todo estaba en orden para su verificativo, inopinadamente, bajo la pantalla del Consejo de Autonomías, emitió un decreto, sin una fecha concreta, para la realización del censo en 2024.

Si bien, por una parte, el INE quedó como una entidad absolutamente inepta, quedó claro que el cálculo político del régimen fue decisivo para determinar tan extrema postergación, generando justificadas susceptibilidades en la ciudadanía en general, pero en la de Santa Cruz en particular, por tratarse de la región que más ha crecido en términos poblacionales y, por tanto, en una redistribución de curules parlamentarios su cuota debe aumentar –así son las reglas del juego– Surgieron también cuestionamientos de carácter económico y sospechas de fraude con miras a las elecciones de 2025.

Aunque sólo a título de inventario, pues lo hecho, hecho está, podríamos preguntarnos qué hubiera pasado si el régimen realizaba esta su propuesta de llevar a cabo el censo en marzo de 2024 y, sobre la base de datos preliminares, proceder a la redistribución de recursos en septiembre de ese año, aunque sin mencionar le redistribución de curules. Habiendo sido, en principio, ésta (la de los recursos) la principal demanda de Santa Cruz, hubiese sido sencillo detectar (si el paro se dejaba sin efecto) que el móvil era auténtico, y si continuaba, que había un trasfondo de disputa de poder.

La torpeza del régimen –inventando “mesas técnicas” cuando ya se tenía la línea a imponer (el ministro de Gobierno lo confirmó), suavizando con el eslogan de un consenso que no hubo nunca y, peor aún, ejerciendo un terrorismo de Estado digno de las más oscuras dictaduras– cohesionó más a la ciudadanía y obró un segundo cabildo de proporciones extraordinarias, luego de 22 días de ejemplar resistencia, del cual surgieron otros lineamientos coyunturales y uno –punto 2 del cabildo– de fondo. La escalada del conflicto que no fue oportunamente resuelto llevó, como el manual prescribe, a otro escenario, no tan dramático en el corto plazo como ocurrió en 2003 y 2019, pero irreversible en el mediano y largo. Esa es la cuantiosa, en términos políticos, factura que recibe Arce de parte de la ciudadanía, no sólo cruceña sino nacional.

Aunque no fue mencionado explícitamente, ese replanteamiento de la relación con Estado del que se habló, lleva, así coincide la mayor parte de los analistas, descartando opciones por el desastre, al debate, esta vez más seriamente que otras veces, sobre el federalismo.

Hace un año, ya escribí, en uno de sus rebrotes, sobre este asunto recurrente en nuestra historia desde la creación misma de Bolivia y cuyo pico ocurrió en la así denominada “Guerra Federal”, a finales del siglo 19 que, paradójicamente, acabó acentuando la forma unitaria de Estado. “Federal es una forma de Estado, con sus debilidades y sus fortalezas respecto a otras –la unitaria, principalmente– y no es el demonio que algunos quieren hacer creer”, escribí entonces.

La forma de Estado vigente (art. 1, CPE), a nuestra consideración resumible en “unitaria con autonomías” fracasó justamente porque el componente autonómico no pudo avanzar, dado que el centralismo se las ingenió para controlar, mediante socios políticos, hasta la asfixia a los niveles “subnacionales”, abriendo el camino para reinstalar el debate sobre el federalismo.

El régimen debe pagar la factura si quiere evitar la fractura.