El Gobierno anunció que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibirá “los datos oficiales” de población que arroje el próximo Censo de población y vivienda en septiembre de 2024.

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, señaló el domingo —20 minutos antes del cabildo— que esos datos iban a llegar al TSE en diciembre de 2024. No obstante, esta misma autoridad precisó, este jueves, que la información censal llegará en septiembre de ese año.

“El Instituto Nacional de Estadística (INE) va a trabajar para poder emitir los resultados de población oficial en el marco del Censo de población y vivienda para permitir la distribución de los recursos económicos por coparticipación en el mes de noviembre de 2024; esos resultados también serán remitidos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), afirmó el ministro

Cusicanqui hizo este anuncio poco después de la postura fijada por el TSE en sentido de que no podrá asignar nuevos escaños ni delimitar las nuevas circunscripciones si la información llega en diciembre de 2024. Esto tomando en cuenta el Decreto 4824, que fijó la fecha del próximo censo para el 23 de marzo, precisamente, de 2024.

El decreto, aprobado por el presidente Luis Arce en el contexto del paro indefinido que se cumple en Santa Cruz desde el 22 de octubre, no precisa la entrega de los datos del TSE, pero establece que el INE entregará la información para que a partir de septiembre de 2024 se distribuyan los datos en función de la nueva realidad demográfica del país.

Así, el Decreto 4824, aprobado por Arce el 11 de noviembre, tiene un solo artículo con dos apartados. El primero determina que la fecha del empadronamiento sea el 23 de marzo de 2024 y el segundo instruye la difusión de “resultados preliminares” en septiembre de ese año.

El ministro Cusicanqui aclaró que todos los resultados que entrega el INE “son oficiales”, cuando se le preguntó por el alcance legal de esos “resultados preliminares”

“Esos son los resultados oficiales que va a emitir el INE y serán remitidos al TSE para que esa instancia en el marco del mandato constitucional pueda iniciar todo el trabajo relacionado a la nueva redistribución de escaños”, apuntó.

El ministro agregó que, en diciembre de 2024, el INE recibirá datos más precisos “con desagregación mínima” de manzanos y población en municipios. Precisó que, tras esas dos publicaciones, el Instituto seguirá trabajando en la desagregación del resto de los datos del censo.

“El TSE necesita contar con los datos oficiales del censo, no estamos hablando de preliminares ni finales; son datos oficiales del censo. Esa información debemos recibirla con la debida oportunidad. Si la recibimos en el mes de diciembre de 2024 ya resulta extemporáneo; ya no será posible realizar ese trabajo previo; esas dos tareas previas: Asignación de escaños y delimitación de circunscripciones”, sentenció más temprano el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel.

La autoridad del TSE anunció que las próximas elecciones nacionales deben realizarse en septiembre de 2025 con la previsión de una segunda vuelta para octubre de ese año. Esto con mira al juramento de las nuevas autoridades para el 8 de noviembre de 2025.

El TSE elabora el proyecto de ley con la nueva asignación de escaños que aprueba el Legislativo. Con esa norma, este organismo procede con la delimitación de las circunscripciones en base a criterios técnicos y, según Hassenteufel, se requiere de “información de la cantidad de habitantes por municipios y manzanos”.
 
Actualmente, La Paz cuenta con 29 diputados; Santa Cruz, 28; Cochabamba, 19; Potosí, 13; Chuquisaca, 10; Tarija, nueve; Oruro, nueve; Beni, ocho; y Pando, cinco.

La aplicación de los datos del censo impacta en la Cámara de Diputados. Allí hay 130 escaños, 60 de los cuales se distribuyen en función de criterios de población y se delimitan 63 circunscripciones uninominales (27 están en los centros urbanos, mientras que 36 en las zonas urbanas del país) y siete para las naciones indígenas.

El presidente del TSE explicó que también se requiere información sobre indicadores de desarrollo humano, en función de pobreza y acceso a servicios, para que la representación política sea equilibrada.