La demanda por el censo en 2023 galvanizó en Santa Cruz una protesta ciudadana de dimensiones sorprendentes. Se hizo más pertinaz ante la arremetida del oficialismo que cree que puede amainar cualquier reclamo con su política de “ejército de ocupación” combinando fuerzas policiales y sus ya inocultables grupos de choque, como ya lo hiciera ante la demanda, igualmente legal, de los productores tradicionales de coca en La Paz defendiendo su mercado autorizado, solo para citar e episodio más reciente. De nuevo, octubre y noviembre, como en 2019, se puso en jaque a la pulsión autoritaria y fascistoide del régimen, cierto que esta vez más circunscrita a la gran capital cruceña.

Parece enrumbarse una solución al conflicto, por lo menos por ahora. El decreto más reciente de Arce Catacora (porque en el tema ya van tres) fija la realización para marzo del 2024, y con resultados para asuntos de recursos fiscales para septiembre del mismo año. Falta la mención explícita e inexcusable de la reasignación de escaños en la Asamblea Legislativa y el correspondiente rediseño de las circunscripciones uninominales, que deberá reflejar la cada vez más concentración urbana del país. Por ello hay en curso iniciativas para que una ley recoja lo ya aceptado por el gobierno más la cuestión electoral que tiene su respaldo en el Art. 146 constitucional, así que no debe dar lugar a “alarmas” de pose del oficialismo. De hecho, una de las demandas del más reciente cabildo, el más multitudinario del que tenemos memoria, rebasando con mucho la rotonda del Cristo, contempla esa línea de arreglo.

Hay otro de los puntos que ha desatado ya gran expectativa, desde posiciones serias vinculadas a la interpretación que se hace del replanteo de la relación Santa Cruz con el Estado boliviano, como reclamo de federalismo, y por la vía de la burla, al dizque separatismo de los “croatas” se desató una multitud verdaderamente jocosa de memes y bromas en las redes jugando con lo que buenamente se prefiere la chanza ante las previsibles descalificaciones “a la Huarachi”. Sin embargo, como sabemos, el punto es serio. Me anticipo, porque tampoco es que sepamos muy bien como sociedad debatir estas cosas, con este descargo. Tengo memoria algo ingrata de la discusión sobre autonomía en 2004 y 2005 propiciada también desde Santa Cruz. Yo no tengo rechazo ante esa temática, la opción federal, que tuve oportunidad de estudiarla con algún detalle en el caso inaugural de los Estados Unidos y su influencia en las nacientes repúblicas del sur con motivo de mi librito sobre el pensamiento republicano de Pazos Kanki (CIDES y Plural Eds. 2012).

Empero, en lo que resta de este escrito quiero argumentar la urgencia de otra reforma en el nivel político donde considero más necesario enfocarnos. Es en la presidencia, la cúspide del poder ejecutivo. Como no tenemos, ni en Bolivia ni mayormente en la región, presidencias institucionales, desde el siglo XIX ha sido tomada por caudillos, unos más audaces que otros, y ha reforzado justamente esa imagen de mando, de poder concentrado en una persona: el caudillo con aires mesiánicos. Por eso las reelecciones, casi siempre prohibidas constitucionalmente, han desatado crisis que nos hacen retroceder lo andado. La del 2016-19 es la más reciente y la hemos padecido todos los que lean esto, pero otra, con una figura menos despótica, la del 1964 también terminó con el ciclo de la Revolución Nacional, que algo de derechos ciudadanos y de soberanía estatal implantó.

Hoy, en medio de la demanda por transparentar unas referencias objetivas respecto a la población y sus consecuencias en políticas públicas y arreglos electorales, hemos visto un despliegue de fuerza no disuasoria sino intimidatoria de parte del poder ejecutivo, acicateado por intervenciones de Morales Ayma, jefe partidario indiscutido del partido gubernamental desde el Chapare. Téngase presente el cambio intempestivo del Alto Mando militar en el mismo periodo del conflicto. Por eso hablaba al inicio de este artículo de pulsiones fascistoides. Que la policía reprima con saña a quienes ejercen una protesta de bloqueo, tan extendida en nuestro repertorio político, apoyando y sirviendo de cobertura a otros, de inocultable filiación partidaria y proveniente visiblemente de otras regiones no es admisible en un régimen que se dice democrático y de derecho. Por lo demás, también incentiva a reacciones violentas, que pueden tornarse en espiral irrefrenable.