Hace una semana planteé que nuestro país era estructuralmente conflictivo, incluso antes de ser creado en 1825. Y por eso me animé a decir que se dirigía a una “no Bolivia” en su bicentenario, entendido como un país polarizado y fraccionado. Uno donde los aniversarios departamentales son más celebrados que los días del Estado o de la fundación.

Entonces, la consulta natural es por qué tenemos tanto conflicto. Mi hipótesis es que por falta de democracia e instituciones que la soporten.

Por más que hayamos celebrado 40 años de la recuperación de la democracia, ésta parece no satisfacernos. La encuesta de Latinobarómetro de 2020 nos muestra que apenas una de cada cuatro personas está satisfecha con esta forma de organización social.

Suena paradójico porque en esencia la democracia implica que todos somos iguales y libres y que nuestras decisiones son tomadas por representantes elegidos.
Pero creo que nuestros representantes en todos sus niveles no han asumido que somos iguales y, por tanto, que queremos ser representados diversos como somos.

Al contrario, sus decisiones solo se han basado en su visión y su ideología.

Con fines ilustrativos, la misma encuesta consultó cómo se identificaban los ciudadanos bolivianos en el marco político de izquierda y derecha. Dos de cada tres mostraron su preferencia por el centro y el resto está en los extremos.

Desafortunadamente nuestros políticos suponen que o somos de un lado o que somos de otro y eso limita nuestra diversidad.

Siguiendo el mismo ejemplo, mi punto es que las posiciones extremas de que el país debe ser o plenamente socialista o totalmente liberal, están equivocadas a pesar de su legitimidad porque no reflejan las preferencias esbozadas previamente.

Si los resultados de la encuesta son representativos, podríamos afirmar que en general, la población quiere que mercado y Estado jueguen un papel relevante.

Volviendo al punto principal, que una opción sea elegida le da legalidad y legitimidad de tomar las decisiones que propuso al electorado. Pero también deben ser maduros y tomar en cuenta a quienes no votaron por esa visión. No importa si ganaron con el 55%, 56% o peor con el 35%, hay un 45%, 44% y 65% que no votó y también es parte de la población.

Los órganos ejecutivos nacional, departamental y municipal deben propender a cumplir su agenda, pero tomando en cuenta que son gobernantes de todos y no solo de sus adherentes.

Y en cuanto a conflictos, para eso tenemos las asambleas legislativas nacional, departamental y los concejos municipales: para que los representantes discutan y resuelvan nuestros disensos.

Las sociedades democráticas son plurales y una buena democracia permite que esa pluralidad se exprese mediante mecanismos pacíficos.

Desafortunadamente, el conflicto actual nos revela que las instituciones donde se debiese discutir este problema y su solución son los últimos en hacerlo.

Se supone que ellos representan a diversas facciones de pensamiento y sentir, no solo en el ámbito censal, sino en diversidad de aspectos. En su seno se debería discutir cada problema, porque a ellos hemos delegado esa atribución.

Pero el resultado es que nuestros representantes tienen miedo a debatir y, lo que es más preocupante, a llegar a acuerdos. Suponen equivocadamente que están traicionando a sus electores cuando llegan a puntos intermedios de acuerdo. Se las juegan al todo o nada.

Los hemos elegido para que planteen las diferentes visiones y lleguen a acuerdos pacíficamente, no para que nos los devuelvan y los resultados se arreglen en las calles y con violencia.

Los economistas aludimos al “miedo a flotar” cuando nos referimos al recelo que tienen los países para que su tipo de cambio fluctúe.

Haciendo una analogía, creo que ahora nos enfrentamos al “miedo a la democracia”. Este miedo tiene su origen en nuestras visiones hegemónicas de la sociedad. Es decir, que lo que piensa la mayoría debería ser lo que piensen todos. Y eso no es así.

Apostemos de veras por la democracia que sirva al ciudadano.