Tras 26 días de paro en Santa Cruz, con hechos violentos que enlutaron al país, por la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, van surgiendo algunas coincidencias entre la oposición y el oficialismo. Por ejemplo, que la redistribución de escaños con los datos finales de esta encuesta nacional debe estar lista antes de las elecciones de 2025.

Si los acuerdos entre los opositores y oficialistas siguen avanzando en ese sentido, el siguiente paso es que Santa Cruz levante el paro indefinido que inició el pasado sábado 22 de octubre porque ocasiona al país pérdidas millonarias.

En los últimos días, varios sectores presentaron proyectos de ley para la realización del censo, con algunas coincidencias, y lo que corresponde es elaborar una sola norma, consensuada, a la brevedad posible, para que el cronograma del censo no sufra más retrasos.

Un pedido de parte de la oposición es que el censo se realice en 2023, una demanda que podría nuevamente complicar la situación en el país. A lo que sí se debe apuntar es que la redistribución de escaños esté lista para las elecciones generales de 2025, tomando en cuenta los tiempos que requiere el Tribunal Supremo Electoral para esta tarea.

El gobierno, mediante el Instituto Nacional de Estadística, falló en la organización del censo, porque ya debía estar todo organizado para el 16 de noviembre de este año, por lo que se debería empezar a recuperar el tiempo perdido, con trabajo y acuerdos que beneficien al país, dejando de lado las posturas personales o políticas.

Ya después, las personas que fallaron u ocultaron información fidedigna sobre la realización del censo, tendrán que ser investigadas por el daño causado al país, porque por esa deficiente tarea se activaron los conflictos en Santa Cruz.

Pero como no sirve de nada llorar sobre la leche derramada, es urgente llegar a los últimos acuerdos para que la aplicación de la encuesta nacional sea en los plazos fijados por decreto y que no se atrasen más las tareas y, al contrario, se debería apuntar a acelerar algunas etapas del censo, pero sin afectar su calidad.

En este cometido, tiene una gran responsabilidad el Tribunal Supremo Electoral, que debe tratar de realizar su labor en menos de los seis meses que adelantó una vocal para la redistribución de escaños.

El proyecto de ley de parlamentarios cruceños y el Comité Impulsor establece un plazo de 60 días para que el Órgano Electoral pueda hacer la redistribución de escaños.

Y en la Asamblea Legislativa también deben hacer su trabajo en forma expedita, sin pensar en las rencillas políticas que distancian a opositores y oficialistas, porque la gente quiere certidumbre y poder trabajar, ya no quiere más conflictos ni violencia en el país.