La democracia boliviana se encuentra en un estado de suspensión desde el 28 de noviembre de 2017, cuando un “fallo” del pro-gubernamental Tribunal Constitucional Plurinacional dictaminó la posibilidad de que el gobernante actual pueda habilitarse como candidato presidencial hasta el fin de sus días. En ese momento, fue violentado y negado el principio central de la convivencia democrática que es el de la mayoría, además de que fue desconocida la propia Constitución y, en los hechos, dejada sin efecto la Ley del Régimen Electoral.

Una vulneración de semejante magnitud, que desecha los fundamentos del Estado de Derecho, representa un ataque radical contra la democracia y las garantías constitucionales de toda la población, razón por la cual su cuestionamiento e impugnación no pueden ser sino igualmente radicales.

En ese sentido, no se trata de que, en nombre de la ciudadanía, una agrupación o una persona vayan a enfrentarse a un postulante espurio en unas elecciones que de hecho estarán viciadas de nulidad.

Las “proclamaciones” del presunto candidato y su acompañante que ya comenzaron, a la par que las descalificaciones y aun amenazas gubernamentales, partidarias, sindicales e incluso policiales vertidas en contra de quienes exigen respeto a los resultados del referendo de 2016, confirman la obcecación con que el oficialismo pretende asegurar su atropello, para lo cual buscará deshacerse de todo lo que considere un obstáculo. Un eventual y próximo descabezamiento del Tribunal Supremo Electoral no debe descartarse en esa marcha.

Por todo lo que se ha visto desde que se hizo pública la victoria del NO en ese referendo, el empeño del gobierno para desconocer esos resultados no ha cesado y se orienta a desembocar a como dé lugar en unas votaciones que eviten que su ahora único y eterno candidato sea alejado del poder junto a su grupo de interés.

Si esas condiciones de la impostura oficialista persisten –que es lo que todo indica que sucederá–, lo que corresponderá a la ciudadanía será proyectar su NO a la requete-re-elección en un contundente NO a la futura elección.

Quienquiera que llegara a postularse para terciar en unos fraudulentos comicios presidenciales en 2019 no sólo quedaría automáticamente reducido a instrumento útil para los fines del prorroguismo gubernamental sino, más grave aún, sería responsable de traición histórica de la causa ciudadana.

Y quien fuera a votar en un proceso semejante, así lo hiciera en blanco o anulando su sufragio, simplemente estaría dando legitimidad a un comportamiento político ilegal y autorizaría, con ello, la corrupción permanente de toda norma.

Por eso, el candidato del NO debe ser nadie.

La única posibilidad de que la democracia sea reestablecida en el país implica una hoy imprevisible recapacitación gubernamental con la consiguiente aceptación de los resultados de 2016 y su carácter vinculante. Sólo en ese caso sería factible pensar en unas elecciones limpias y con Moral, en singular.

Bolivia está, pues, a las puertas de una nueva transición que puede suponer una revitalización democrática que ahora no parece imaginable o, con más realismo, el derrumbe anunciado de un modelo que se resiste a entender que está haciendo todo lo necesario para alentar su propia agonía.