Cuando el plazo de 72 horas dictado por el cabildo cruceño fenezca hoy, el paro continuará en el departamento oriental, aunque la disputa parece centrarse ahora también en una ley que garantice la distribución de escaños sobre la base de los datos del Censo y rumbo a las elecciones del año 2025.

Por cuerda separada y bajo sus propios argumentos, el MAS presentó simbólicamente ayer un anteproyecto a la Cámara de Diputados, mientras que las bancadas cruceñas de CC y Creemos consensuaron otro y anunciaron que lo presentarán este miércoles en La Paz.

La jefa de bancada de Santa Cruz oficialismo, Deysi Choque, presentó el proyecto para garantizar que antes de las elecciones de 2025 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuente con los resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda y reasigne los escaños. 

“Este proyecto de ley su objetivo general y especifico es que la redistribución de escaños se realice para las próximas elecciones (de 2025)”, sostuvo Choque al hacer la presentación simbólica del proyecto en manos del presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado (MAS).

Al respecto, el presidente de la Cámara Baja, señaló que el proyecto seguirá todo el trámite y pasará para su análisis ante la Comisión de Constitución, al igual que las otras iniciativas legislativas, con la finalidad de que el Censo se realice el 23 de marzo de 2024.

Choque estuvo acompañada por el jefe de bancada del MAS, Andrés Flores, con quien responde al ala renovadora del partido en función de Gobierno. Sin embargo, al interior del oficialismo no existe una sola voz sobre el tema de la ley.

SALTAN LOS EVISTAS

Ayer mismo, el diputado del ala evista Héctor Arce rechazó la propuesta de Choque y lamentó que algunos legisladores de su partido se presten al “juego de la derecha”.

Recordó que los expresidentes Tuto Quiroga y Carlos Mesa fueron los primeros en plantear que la fecha del Censo se establezca en una ley, luego el Comité Interinstitucional de Santa Cruz hizo la misma propuesta.

Dijo que ni Choque ni Flores pueden hablar a nombre de la bancada nacional del MAS sobre que el Censo se aprobará a través de una ley. “Yo entiendo, si ellos están coordinando con la derecha, probablemente lo estén haciendo a título personal. Nosotros no nos vamos a prestar a este juego, no vamos a viabilizar un pedido de la derecha”, indicó.

El legislador Ányelo Céspedes, de la misma corriente al interior del MAS, pidió procesos penales para las autoridades y exfuncionarios del Órgano Ejecutivo que sostuvieron que el Censo iba a realizarse el 16 de noviembre.

PROPUESTA CRUCEÑA

Por su parte, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, divulgó que parlamentarios de Creemos y de Comunidad Ciudadana (CC) presentaron al Comité Interinstitucional un anteproyecto de ley conjunto para que el Censo se realice en octubre de 2023. Aseguró que buscan hacer cumplir las determinaciones emanadas en los dos últimos cabildos realizados en Santa Cruz.

“Todos iremos a La Paz y la idea es ingresar el proyecto de ley por dispensación de trámite. Lo haremos a primera hora del miércoles”, anticipó Luisa Nayar, disputada cruceña por Comunidad Ciudadana.

La legisladora indicó que apelarán al artículo 103, del Reglamento General de la Cámara de Diputados, que indica que por moción de dispensación de trámite y voto de urgencia, propone liberar del cumplimiento de procedimiento normal a cualquier asunto, que por su naturaleza o urgencia así lo requiera.

El proyecto de ley contempla cinco puntos: censo en octubre de 2023, resultados al tercer trimestre de 2024, Pacto Fiscal en 6 meses desde la entrega de los resultados del Censo, remisión de los resultados del Censo al Órgano Electoral en un mes, y saneamiento del Padrón Electoral y reasignación de los escaños para aplicarlos a partir de las elecciones nacionales 2025.

Santa Cruz insiste en que la encuesta sea el próximo año, pese a que el presidente Luis Arce Catacora determinó que será el 23 de marzo de 2024 al promulgar un decreto. El departamento oriental hoy cumple el día 26 de su paro indefinido.

El paro continuará

El paro indefinido por el Censo en 2023 continuará. “No hemos considerado levantar el paro. Después de 72 horas (hoy), analizaremos cuál será nuestra relación con el Estado boliviano”, señaló anoche el primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach.

El plazo se cumple este miércoles. Y uno de los puntos ya se ha cumplido: 10 detenidos acusados de quemar la sede de los trabajadores campesinos, el viernes pasado, fueron liberados este martes. Mientras que de los 7 detenidos por los desmanes en la sede de la COD, cinco fueron liberados con detención domiciliaria. Los otros 2 tienen condena de 4 años.

Cerca de la medianoche, en su cuenta de Facebook, la organización cívica subió un arte con la siguiente leyenda: “El paro sigue firme”.

FAM VE AMENAZA. El alcalde Sucre y presidente de la FAM, Enrique Leaño, criticó la postura del Comité pro Santa Cruz de revisar la relación política de ese departamento con el Estado boliviano y denunció que ello supone “separatismo”.

“Ahora quieren llevar (este tema) a una supuesta federalización o separatismo”, dijo la autoridad, al asegurar que hablan “por algunos grupos” y no por todo los cruceños, que “no quiere la división”.

GREMIALES La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia anunció bloqueos en las carreteras del país este jueves, en respaldo a la demanda de Santa Cruz de Censo en 2023. Se trata de una resolución del ampliado del sector realizado el pasado lunes. La medida de presión comenzará a las cero horas de este jueves y se cumplirá a nivel nacional durante 24 horas.

NUEVA DENUNCIA. El denominado Comité Impulsor de Justicia, una organización afín al MAS, presentó una demanda contra el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca por el paro y la violencia desatada en Santa Cruz.

El abogado Rolando Cruz, que trabaja en la oficina de la Procuraduría General del Estado en Sucre, dijo que el comité denunció a Calvo y Camacho por “atribuirse los derechos del pueblo; conspiración; instigación pública a delinquir”, entre otros.