El agotamiento de un modelo de Estado autoritario, hegemonista y centralista —a pesar de las autonomías limitadas— parece indicar que va llegando el momento para hacer reformas, parciales pero claves, a la Constitución promulgada en 2009.

El domingo pasado, el cabildo más grande de la historia nacional marcó un doble rumbo: en lo táctico, una serie de reclamos pragmáticos que agendan la coyuntura de estos días (legislación sobre el censo, liberación de activistas cívicos detenidos) y en lo estratégico una visión de largo aliento orientada a “revisar la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano”, expresión que despertó múltiples interpretaciones pero que básicamente se refiere a la profundización de la autonomía o al federalismo.

Este segundo aspecto, el estratégico, implicará una lucha democrática de años y necesariamente pasará por las reformas a la CPE, tal vez apuntando a recuperar la tuición de los gobernadores sobre los comandos departamentales de Policía (que tenían los antiguos prefectos) y a lograr una “federalización” de la justicia, donde las Cortes Superiores de Distrito sean designadas meritocráticamente y por 2/3 en las Asambleas Legislativas Departamentales, sin pasar por la ALP.

Pero las reformas “federalizantes” no serán las únicas que incluyan cambios a la Constitución. Una iniciativa ciudadana impulsada por juristas independientes ya está entrando en la etapa de recolección de firmas, 1 millón y medio más alguna yapa por las depuraciones previsibles en el TSE, algo que sólo podría conseguirse con el concurso del movimiento cívico y de las plataformas ciudadanas, fuerzas activadas en la lucha por el censo oportuno y transparente.

El “firmazo” para el referéndum sobre la justicia podría ser un siguiente paso lógico en la movilización, una vez que se suspenda el paro indefinido. El proyecto contempla la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones, integrada por las entidades profesionales del mundo jurídico, que harán una preselección de ternas cerradas para los principales tribunales, de donde el Parlamento deberá designar a los magistrados con el conocido mecanismo de mayoría calificada. La consulta podría convertirse en una suerte de “21F por la independencia de la justicia”.

Otra propuesta de reforma parcial a la CPE es la esbozada por el alcalde Iván Arias en la reciente Asamblea de la Paceñidad, sobre la necesidad de eliminar el tope de curules en diputados, para que la ampliación de escaños a Santa Cruz no implique reducir la representación en los demás departamentos. Éste sería el camino para reducir la resistencia de otras regiones a la redistribución de escaños y no implica ninguna limitación para reestructurar circunscripciones, de lo rural a lo urbano, que es donde podría darse el verdadero cambio en la correlación de fuerzas en la Cámara Baja.