Son varias enfermedades terminales que se ceban con Bolivia: una de ellas es el narcotráfico, otra el contrabando y una que es pariente de ambas es la explotación salvaje, sin control y con complicidad estatal de las riquezas del país a través de la minería ilegal.

El oro es el metal más preciado en estos tiempos, su precio justifica las peores acciones y es el pretexto para una de las devastaciones más riesgosas a la que se está exponiendo a comunidades enteras sin información ni norma alguna.

Son numerosas y constantes las señales de alarma que se han hecho conocer para detener estos crímenes ambientales con efecto ya evidente en las poblaciones; una de estas llamadas a la acción es un reportaje recientemente publicado en varios medios, entre ellos Página Siete, que expone la situación del norte del departamento de La Paz, donde se produce el incesante saqueo del oro boliviano por parte de empresas chinas que esconden su ilegalidad tras la fachada de las poderosas cooperativas mineras auríferas.

Se trata de arreglos turbios pero altamente rentables que se han convertido en una costumbre entre las cooperativas mineras de varias regiones del país. La cooperativa obtiene entre un 25% y 40% de las ganancias sin trabajar ni poner capital, y la compañía china –que realiza la explotación– se lleva hasta un 75% del valor del oro sin pagar impuestos.

Para más detalles –y es algo que se puede comprobar a simple vista en las regiones auríferas–, la mayoría de estas empresas no cumple por lo general con las medidas mínimas de cuidado ambiental; además, la minería aurífera es especialmente intensa en la vulneración de los territorios de los pueblos indígenas en la Amazonía boliviana con el uso del mercurio, que contamina los ríos. No son pocos los reclamos que se han hecho para proteger la zona del Madidi, joya de la biodiversidad del mundo y a las etnias que la habitan de la explotación de oro.

Lo más angustiante es la naturalidad con que esto sucede ante la inacción, por no decir complicidad, de las autoridades estatales, que no mueven un dedo para frenar estos excesos desde hace años. Hay evasión de impuestos, hay contrabando, hay explotación laboral, pero sobre todo hay depredación y envenenamiento de ríos, lo cual es un crimen que no tiene ni nombre ni precio.

“Son acuerdos internos al margen de la ley”, dijo al ser consultado el presidente de una de las dos federaciones de cooperativas auríferas más importantes del país (Fecoman), Ramiro Balmaceda. El dirigente de otra de las federaciones más importantes (Ferreco), Eloy Sirpa, también admitió que la renta que reciben las cooperativas que camuflan a estas empresas debe ser superior al 25% para que “haya ganancia”.

Las empresas se libran de pagar hasta un 37,5% de impuesto a las utilidades (IUE), un 13% de impuesto al valor agregado (IVA), un 3% de impuesto a las transacciones (IT) y hasta un 7% de regalías para las regiones donde operan. Tras la fachada de una cooperativa, las regiones sólo reciben un 2,5% de regalías, y se espera que el Estado reciba en un futuro sólo un 4,8% de impuestos. Este último tributo, bajo como ninguno, fue concedido por el Gobierno para las cooperativas por ser sus aliados políticos, pero en fondo también beneficiará a las compañías fantasma.

Según datos del Ministerio de Minería, al primer trimestre de 2022 el 99% del oro producido en Bolivia se registró como si hubiese sido producido por las cooperativas y sólo el 1% por empresas privadas; pero en realidad una enorme e incalculable cantidad de oro es extraído por privados ocultos tras cooperativas, señala el investigador especializado en temas mineros del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta.

Mientras en el país se debate la fecha del censo y el Gobierno aclara qué temas son o no son de su competencia exclusiva, por tanto de su responsabilidad, podemos decir que este, sin lugar a dudas, es un ejemplo de negligencia, abandono y complicidad del Estado boliviano.