Medio: ANF
Fecha de la publicación: martes 15 de noviembre de 2022
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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El uso desmedido y sin control del mercurio para extraer oro en diferentes regiones del territorio boliviano preocupa al Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) que cuestiona la ausencia de políticas de desarrollo sostenible desde el Gobierno para resguardar el medioambiente, sobre todo a las comunidades indígenas que son las que más sufren por este tipo de actividades extractivas que socavan sus derechos y territorios y devastan sus hogares.
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Critica que el Gobierno sea condescendiente con las mineras y hace referencia al acuerdo que firmó el pasado mes de octubre con cooperativistas auríferos sobre el impuesto único de 4,8% aplicable al valor bruto de venta de oro.
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La Paz, 15 de noviembre de 2022 (ANF). –El uso desmedido y sin control del mercurio para extraer oro en diferentes regiones del territorio boliviano preocupa al Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) que cuestiona la ausencia de políticas de desarrollo sostenible desde el Gobierno para resguardar el medioambiente, sobre todo a las comunidades indígenas que son las que más sufren por este tipo de actividades extractivas que socavan sus derechos y territorios y devastan sus hogares.
El vicedirector de CEPA, Limberth Sánchez, explica a la Agencia de Noticias Fides (ANF) que los departamentos más afectados por la explotación del metal dorado son La Paz, Oruro, Potosí y Beni. Afirma que en esas regiones cada vez más se observan las huellas socioambientales que deja la minería legal e ilegal que se práctica destruyendo ríos y bosques. Lamentó que el Gobierno solo priorice proyectos extractivistas.
“Bajo la consigna de tradición minera se está afectando a las comunidades indígenas, hay impactos socioambientales que prácticamente están dejando zonas muertas. El Gobierno poco o nada hace, no hay políticas y el modelo económico que tiene solo apuesta a proyectos extractivistas como la minería, hidrocarburos y la agroindustria que están dejando un impacto negativo para el ecosistema”, detalla.
“No es posible operar donde sea y como sea”, cuestiona Sánchez en referencia a las autorizaciones que se otorgan a las concesiones mineras para la extracción de oro sin importar que el área sea una reserva natural o el hogar de comunidades indígenas que sufren despojo de sus tierras y acoso de las cooperativas. Remarca que las autoridades ambientales no tienen la suficiente capacidad de hacer cumplir normas ni exigir a las empresas la implementación de proyectos mineros más amigables.
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