El presidente Luis Arce fijó la madrugada de este sábado para el 23 de marzo de 2024 el censo de población y vivienda, y para septiembre del mismo año la nueva redistribución de los recursos de coparticipación tributaria, por lo que “invocó” al retorno de la calma y la normalidad en Santa Cruz, donde se cumple un paro cívico marcado por la violencia.

     En un mensaje a la nación, Arce hizo un repaso de todo el proceso de socialización y concertación técnica para definir la fecha del censo entre autoridades departamentales, municipales y de las 11 universidades públicas, con el acompañamiento de expertos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y del Centro Latinoamericano y Caribeño Demográfico (Celade).

     “Ya no podemos seguir demorándonos, sobre todo cuando dirigentes que representan a una parte de Santa Cruz, no a toda, mantienen la posición de no alcanzar acuerdos. En democracia conviven diferentes posiciones, pero también democracia es toma de decisiones en beneficio de las mayorías”, afirmó.

     El empadronamiento nacional de población y vivienda se realizará el 23 de marzo de 2024 y sobre la base de los resultados preliminares se hará la distribución de recursos de coparticipación tributaria en septiembre de 2024, un mes antes de lo que inicialmente se había propuesto en las mesas de diálogo.

     En Santa Cruz, el gobernador Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, mantienen un paro desde hace 22 días exigiendo adelantar el censo a 2023 y que los recursos de coparticipación se distribuyan desde septiembre de 2024, como ahora lo definió el Gobierno.

     La extrema medida está marcada por la violencia, el racismo y la discriminación, pero este viernes escaló hasta la quema y saqueo de la sede de los campesinos. También tomaron y saquearon las oficinas de la Central Obrera Departamental (COD) y cercaron edificios de instituciones como el Instituto Nacional de Estadística (INE).

     “Convoco a todas las corrientes democráticas de nuestro país, y las que existen dentro del Comité Interinstitucional, a cerrar el paso a la violencia y a los intentos de ruptura del orden constitucional que algunas de sus fracciones están llevando adelante”, demandó.

     Arce explicó que el principio básico de su posición sobre el censo es que ningún boliviano “sea excluido del censo, por razones climatológicas, productivas u otras”, porque de darse sería “inaceptable, discriminadora, y negadora de los valores y principios del Estado Plurinacional de Bolivia”.

     Pueblos indígenas y autoridades de Beni y Pando, principalmente, plantearon la necesidad de que la encuesta nacional se realice en el primer semestre de 2024, porque a fines y principios de año tienen migraciones internas por la zafra de la castaña, a lo que se suman los problemas de conexión carretera por los desastres de la época de lluvias.

     “La voluntad de nuestro gobierno siempre fue que el proceso se realice lo más pronto posible, y que sus resultados sean precisos y de calidad”, insistió.