El desenlace del paro cruceño está por verse y no tiene que ver necesariamente con la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda. Es más, lo probable es que el Gobierno acepte liberar a los detenidos y proyectar una ley que asegure la realización de la consulta conforme a los plazos exigidos en el último cabildo, pero ése será a lo sumo un hito más en el proceso que lleva a una redefinición de la relación del Estado con las regiones.

El censo no fue un pretexto, pero sirvió para medir fuerzas, identificar tendencias, advertir las primeras señas de la que podría ser la agenda del debate nacional en los próximos años y sobre todo en futuros procesos electorales. Lo que ocurrió en los últimos 20 días en Santa Cruz será determinante para visualizar el tipo de país que seremos hacia delante. Es decir, será importante saber cuántos somos, pero mucho más cómo nos relacionaremos.

Las relaciones de los gobiernos del MAS con Santa Cruz han sido muy complejas desde el principio, acaso porque de entrada se produjo un choque entre la dinámica de un departamento que apostaba por la autonomía y la lógica de un gobierno que, por su perfil ideológico, orientaba las políticas nuevamente desde el centralismo. 

Fue, por decirlo de alguna manera, la pugna entre la insinuación de las prioridades de desarrollo del siglo XXI con los temas sociales pendientes del siglo XX, una pugna que no se resuelve y que se tradujo frecuentemente en violencia gubernamental.

De la represión y persecución a la negociación y la coexistencia relativamente pacífica, la gestión de Evo Morales no abordó ni reflexionó sobre el problema de fondo, sino que simplemente diseñó una estrategia de gestión política y de relacionamiento con algunos actores, para minimizar o demorar las posibilidades de un “estallido” de todas maneras inevitable. Los dos octubres, el de 2019 y el de 2022, son parte de esta historia inconclusa.

El presidente Luis Arce sólo vivió otra etapa de un mismo proceso y aplicó una vieja fórmula para enfrentar un momento completamente distinto de frustraciones y tensiones acumuladas. El uso de la fuerza, el despliegue de gente financiada por el Gobierno y un remedo de negociación para no cambiar nada acentuaron la sensación de “engaño” y llevaron el conflicto a un nuevo escenario, mucho más allá del mero debate sobre una fecha en el calendario censal.

El Gobierno perdió la oportunidad de descifrar mejor el alcance de la demanda cruceña —que no es sólo de esa región— y el Presidente resignó la posibilidad de reorientar su mandato y construir un liderazgo propio. Arce se refugió en un partido dividido y en un modelo que comienza a mostrar síntomas de agotamiento, pero extravió la brújula del país.

Puede sonar extremo, pero el Jefe de Estado perdió mando y autoridad moral sobre una vasta región y sobre los bolivianos de todas las regiones que comparten una visión diferente a la de una organización política que quiere forzar la realidad y apresarla en las redes de un prejuicio ideológico.

Ya no es una cuestión de más o menos escaños o de más o menos recursos. El tema pudo haberse encarado de otra manera y resolverse antes de llegar a la confrontación. Es más, la diferencia entre realizar el censo en octubre de 2023 o marzo de 2024 era irrelevante, un mero ajuste técnico, pero el Ejecutivo tomó un atajo que lo llevó a un camino crítico del que muy probablemente ya no puede volver.

No es fácil predecir cómo será la Bolivia que viene, pero sin duda va quedando muy claro cuál es la Bolivia que queremos dejar atrás. La firmeza de Santa Cruz a pesar de los abusos y atropellos ha servido para marcar un nuevo punto de partida. Más allá del censo, hay mucho por hacer.