Se cumplieron, al momento de escribir esta nota (viernes 11/11), los míticos 21 días que pusieron a Evo de huida, dejando a propósito un vacío de poder inducido, que garantizara su retorno. En otras palabras: “después de mí, el diluvio”, pensó. Esto sin importarle las consecuencias de abandonar el gobierno de esa manera, queriendo fingir un golpe de Estado.

Los 21 días de protesta en 2019 fueron motivados por el masivo y develado fraude electoral en las elecciones presidenciales de ese año. Desde entonces, Evo Morales y, luego, su discípulo rebelde se han dedicado a borrar la memoria colectiva, negando el engaño, incluso al extremo de encarcelar a la presidente transitoria, avalada por la Asamblea Legislativa mayoritariamente masista.

Pero el problema de ocultar la realidad es que requiere seguir mintiendo. Y no se habían dado cuenta de que la obligación legal de realizar un censo cada diez años podía poner en evidencia no sólo el fraude electoral de 2019, sino muy probablemente el de la elección anterior de 2014 y, más grave aún, el realizado en la última elección pasada que entronizó a Luis Arce con un 55% del “voto popular”.

Sólo así se explica la extrema irresponsabilidad del presidente Arce de llevar al país casi al borde extremo de una guerra civil antes que realizar el censo como estaba previsto. Ya renunciaron la ministra de Planeamiento y el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), responsables de organizar y realizar el próximo censo, que debió haberse realizado este 2022, pero el gobierno caprichosamente quiere postergarlo para 2024.

El censo está prácticamente listo para ser lanzado, pero no lo está para ocultar el fraude camuflado en el padrón electoral. Llegando al poder, el gobierno del MAS se apuró en modificar el sistema de identificación de los bolivianos, quitándoselo a la Policía Nacional en 2009, y encomendando su “actualización” a una empresa venezolana, sospechosamente chavista. Imagínense el nuevo registro de identificación en manos de los chavistas. En humor popular equivaldría a decir que fue como “chilenos haciendo mapas”. Ése es el origen del fraude sistémico, casi indetectable, al que nos somete el MAS.

Para el MAS, éste es un asunto existencial. Si el nuevo censo demuestra que el padrón electoral está alterado e inflado; que una importante MASa de votación atribuida a ellos en realidad no existe porque se ha multiplicado el número de votantes utilizando un mismo número identitario, o se ha hecho votar a los muertos, o se han creado comunidades rurales fantasmas que no existen (para las que además se concedieron cuantiosos créditos del infame Fondo Indígena), se les esfumaría la legitimidad de su régimen de 16 años.

Por tanto, no se trata sólo de la fecha, sino fundamentalmente de no dejar el queso a cargo de los ratones. Arce no sólo incumple el requisito legal de ejecutar el censo en 2022, sino que está dispuesto a llevar a Bolivia hasta una extrema confrontación fratricida con Santa Cruz, antes que hacer un censo transparente y oportuno que develaría la ilegitimidad pasada del gobierno de Evo Morales, ¡así como la de la suya misma!

Ésa es la verdadera madre del cordero. La fecha del censo no es un problema técnico, es una urgencia política. Estando listo para ser lanzado,  surgió “la mano negra” denunciada, haciéndolos ver como INEficientes, INEscrupulosos, INEptos y lo que sea, para justificar su postergación.

Hoy “Todos somos Santa Cruz”. Un censo prístino y oportuno es una causa nacional y un requisito innegable para recuperar la democracia, a través de elecciones limpias. Cosa que aterra a los masistas.