Sólo el Gobierno, empecinado como está en dar una señal de autoridad, no vio venir la salida federalista de conflicto por el censo. 

Desde un inicio, el Palacio Quemado privilegió el uso de la coerción —el monopolio legal de la violencia—, con la pretensión de imponer la norma del censo y no consideró el camino del consenso. Asumió que podía forzar y que no era necesario convencer. Enviar más policías que se excedieron en sus tareas represivas, trasladar masistas para que refuercen un cerco con el fin de evitar el paso de alimentos, bloquear el botadero, vetar las exportaciones y, ahora, usar a la justicia podrida configuran una estrategia de asfixia contra Santa Cruz, que se fundamentó en el uso de la fuerza o coerción. Fue un pésimo cálculo. 

Si el Gobierno pretendió convencer lo hizo a medias, a regañadientes, y se impuso la soberbia que extravió al Presidente, que aún hoy amenaza con el uso de la fuerza, al igual que sus aliados corporativos. Incluso en los escenarios de supuesto diálogo, el Gobierno se negó a escuchar. En este conflicto, Arce ha demostrado que prefiere apelar a la fuerza y no a los argumentos, pero tampoco ha sido exitoso en imponer, porque preside un Gobierno con oposición externa e interna, que sale aun más debilitado por el conflicto del censo. 

Como era lógico, en reacción a esos hechos de violencia y agresión, el conflicto por el censo se ha convertido hoy en el inicio del debate por el federalismo. 

Lo que ahora está en cuestionamiento es la forma del Estado. El cabildo cruceño del domingo 13 de noviembre ha resuelto encomendar a una comisión de personalidades y constitucionalistas que, en un marco legal y democrático, “revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano”. 

Se trata del retorno de una centenaria aspiración cruceña que pone al descubierto la crisis del Estado Plurinacional, que debajo de un barniz etnonacionalista no puede ocultar sus pulsiones centralistas, que son características del Estado unitario, pero ahora llevadas al extremo por las sobreideologizadas políticas masistas, que han buscado otorgar más espacio al Estado en detrimento de los derechos individuales, que demarcan los límites al poder. Si Santa Cruz ha puesto sobre la mesa del debate el federalismo es porque plantea la necesidad de mayores espacios de libertad política y económica en el país. 

El censo era, para Santa Cruz, una forma de lograr un Pacto Fiscal que revirtiera el control de entre el 75 y 80 por ciento de los recursos por recaudaciones tributarias en manos del centralismo, lo cual le permite al poder, ahora, financiar elefantes blancos y una planilla de medio millón de burócratas masistas, entre otros gastos que no benefician a las regiones que tributan. 

El oportuno empadronamiento también implicaba, para Santa Cruz, alcanzar una nueva posición cualitativa que no sólo confirmara su condición de núcleo del desarrollo económico sino también como centro político, con ideas renovadoras que privilegian una visión más liberal, en lo político, y empresarial, en lo económico, lo cual contrasta con las orientaciones ideológicas del bloque de poder imperante, proclives a la centralización secante y al estatismo.

Santa Cruz propone una nueva vía al país, en reemplazo del agotado Estado Plurinacional masista. Eso es lo que está en debate ahora.