El Gobierno nacional considera “suficiente” el decreto supremo para cumplir los compromisos relacionados con el censo de población y vivienda, frente a los planteamientos de proyecto de ley que surgen al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Sergio Cusicanqui, ministro de Planificación, enfatizó que las definiciones alrededor de la encuesta nacional son competencia privativa del Órgano Ejecutivo, por lo que no se cree necesario elevar a rango de ley la disposición emitida por el presidente Luis Arce.

“El mandato del cabildo se lo han dado a sus propios asambleístas. Nosotros, desde el Gobierno nacional, sostenemos que (la realización del censo) es una atribución privativa del nivel central, el decreto supremo es el instrumento suficiente para poder establecer la fecha del censo”, dijo la autoridad.Legisladores de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y otras plataformas ciudadanas plantean proyecto de ley para garantizar que la redistribución de recursos y la reasignación de escaños, en base a los resultados del censo, se realicen antes de 2025.  

“La gestión de un proyecto de ley corresponde al Órgano Legislativo y excede al alcance del Ejecutivo y el nivel central. El censo es una competencia privativa del nivel central, nosotros creemos que es suficiente”, agregó la autoridad.

Explicó que cualquier proyecto de ley que involucre al nivel central, debe ser remitido al Ejecutivo para su análisis. También manifestó que la definición de la fecha del censo cumple con el trabajo técnico y atiende las demandas de las regiones.

“Nosotros creemos que hemos cumplido con el trabajo técnico para poder llegar a esta definición de la fecha del censo, hemos creado los espacios de diálogo y al final, llegar a marzo de 2024, es el planteamiento que nosotros hemos hecho el mismo 21 de octubre”, acotó Cusicanqui.