Hoy, la posición de Santa Cruz aprobada por un Cabildo de más de dos millones de ciudadanos llevado cabo el pasado 13/11, asume una postura razonable y juiciosa que pondrá a prueba la verdadera voluntad del gobierno de resolver el conflicto. Salimos de la posición anclada del año 2023 para realizar el censo de población y vivienda y condicionamos la aceptación del año 2024 a la nueva distribución de ingresos según la población de cada municipio y la nueva distribución de escaños en la Asamblea Legislativa antes de las elecciones nacionales del 2025. Esta puede ser una salida honrosa del conflicto logrando los verdaderos fines del movimiento cívico por una democracia justa y representativa que distribuya equitativamente los ingresos fiscales y que equipare la representación política de las regiones con el voto universal de cada ciudadano. Solo esto justificaría demorar la suspensión del paro cívico por 72 horas adicionales, para hacer que el gran sacrificio tenga sentido.

Otra de las consultas al Cabildo, aceptada y respaldada, hace referencia a la autorización al Comité Cívico de buscar por la vía de la legalidad, replantear la relación del Departamento con el Estado, lo que constituye, a mi entender, que la gobernanza basada en las autonomías, como está definida en la actual Constitución, no responde a las necesidades de desarrollo del país ni de las regiones autónomas, lo que podría dar paso a un Estado Federal como Estados Unidos o Brasil, o un Estado Confederado como la pretendida Confederación Perú-Boliviana, creada en 1836 por el Mcal. Andrés de Santa Cruz. Las muchas interpretaciones al respecto pueden quedar en una discusión bizantina, en la cal debe primar la cordura evaluando los pros y contras de cada modelo de Estado.

En cualquier caso, el replantear la relación de un Departamento o Municipio con el Estado central debe pasar por una enmienda a la Constitución, lo que requiere de un proceso complejo y largo.

Hoy el Gobierno tiene la gran oportunidad de resolver el conflicto demostrando su verdadera vocación democrática, atendiendo un pedido justo y legítimo del pueblo cruceño, más allá de la pertinencia, o no, de los medios utilizados en sus luchas reivindicatorias. El pedido de una Ley que garantice la realización del censo el 2024 y nos dé los resultados poblacionales que permitan una justa distribución de los recursos y una equitativa representación política, es lo menos que puede garantizar el Gobierno, y también será lo que menos espera Santa Cruz luego del doloroso sacrificio de su población por 26 días, concluido el plazo de 72 horas dado por el Cabildo.

El otro pedido atendible conlleva aplicar la maltratada justicia, referida a la liberación de los presos llevados a las cárceles como resultado de los disturbios acecidos los pasados 11 y 12 de noviembre, por casualidad todos ellos de parte de los grupos de contención de las organizaciones cruceñas que acatan el paro cívico, no habiendo ningún preso de parte de los afines al partido de gobierno y menos policías cuyo abuso a la ciudadanía quedó grabado en las miles de imágenes que circulan en las redes sociales. La atención a esta demanda, debe ser parte de la reconciliación necesaria entre bolivianos que pensamos distinto pero que nos merecemos idéntico respeto de parte del Estado.

Finalmente, como parte del agobiado sector productivo privado hacemos un fervoroso llamado al Gobierno a no dejar pasar esta señal de paz lanzada desde Santa Cruz, para reencauzar un democracia legítima y equitativa con todos los bolivianos, que nos permita vivir bien y en paz, que es lo que todos anhelamos.