El conflicto del censo pudo haber terminado el día del paro de 24 horas, el 25 de julio, si el Gobierno de Luis Arce aceptaba hacer la gran encuesta el año 2023. Allí hubiera concluido el asunto y todos felices. Pero no lo hizo, y si algo logró la administración del Movimiento Al Socialismo a fuerza de palo, desprecio y mentiras durante el paro indefinido de estos días es despertarle a Santa Cruz la conciencia de que no es colonia de nadie y que merece ser tratada con respeto.

¿Quién le ha otorgado a la Policía Boliviana el derecho de que efectivos traídos de otras regiones vengan a golpear aquí a los jóvenes, a sembrarles armas para la foto, a hacerlos morder con perros policías, a escoltar a grupos de choque traídos para provocar violencia, a detener a los del frente, pero proteger a sus circunstanciales aliados? ¿Desde cuándo la Policía dejó de ser de Bolivia para ser la Policía del Gobierno del MAS?

¿Qué le hace pensar al Gobierno de Arce que tiene derechos adquiridos para administrar el destino, el futuro y hasta los sentimientos de los cruceños haciéndoles sentir ciudadanos de tercera categoría manifestándoles un desprecio sin límites en acciones y expresiones para tratar de engañarles en supuestas mesas de diálogo desiguales y controladas?

¿Qué sentimiento, sino el odio, explican que el Gobierno se otorgue la facultad de decidir cercos a la ciudad para que falten los alimentos, para que no tenga combustible, para que nadie recoja la basura que se produce en la urbe más grande del país?

¿En qué, sino en el apoyo que tienen del Gobierno, se basan las bravuconadas de dirigentes de la COB, los movimientos sociales, organizaciones indígenas de Occidente o diputados que muy sueltos de boca amenazan con darle su merecido a Santa Cruz, con cercarla con un millón de campesinos traídos del altiplano, con matarla de hambre (“hambruna”), con venir a ponerla en su sitio, o con ‘meterle’ un Estado de sitio regional?

Esta lucha, que solo quería un censo transparente y pronto, de manera que la región tenga los recursos y la representación política en coherencia con la cantidad de habitantes, y que la distribución electoral no se haga con estadísticas de hace más de 20 años, ha puesto de manifiesto que a Santa Cruz una vez más le cuesta sangre conquistar sus derechos, como en el pasado le costó en varios hechos históricos que hablan de abandono y negación.

El movimiento cruceño de este octubre y noviembre no es de unos cuantos líderes, sino de cientos de miles de cruceños ilusionados con una mejor vida, que al grito de ‘paro’ o ‘cabildo’ están en sus rotondas y en el Cristo de manera disciplinada; que levantan como bandera su derecho a no sentirse engañados ni ignorados, a ser respetados y tomados en cuenta por igual en un Estado que desde hace más de una década y media practica un inocultable andinocentrismo discriminador.

Santa Cruz no es colonia del Gobierno del MAS ni de una nación más grande; es parte de ella. En los hechos resulta que esta es la región que genera la mayor riqueza del país, la que produce los alimentos para todo el país, la que paga más impuestos que se van a La Paz y no vuelven, y en circunstancias como las de estas semanas, el poder central ejerce aquí con brutalidad la fuerza pública y teje redes de calumnias y mentiras para desacreditar el legítimo derecho de la protesta pacífica.

Todos esos antecedentes, junto a la soberbia y la prepotencia de ministros, viceministros, voceros, dirigentes sindicales y de movimientos sociales, le hacen pensar a Santa Cruz que ha llegado el tiempo de encontrar un mecanismo de auténtica autodeterminación que le asiste como derecho en un marco constitucional y dentro de un Estado unitario.