Finalmente, luego de varios meses de conflicto e incertidumbre, incluyendo un violento paro indefinido en Santa Cruz, el presidente Luis Arce anunció al país que el censo se realizará el 23 de marzo del 2024. El primer efecto será la redistribución de recursos, desde septiembre de ese año. Si predominan la racionalidad y el equilibrio, hoy debieran suspenderse todas las protestas.

La inédita disputa político-regional sobre la fecha del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda derivó en una espiral de conflicto y violencia, con elevados costos económicos para el país. Santa Cruz ha sido el epicentro del enfrentamiento, al amparo de un cabildo armado por la dirigencia para demandar censo el año 2023. Vanas fueron las sucesivas reuniones informativas, de socialización y de trabajo técnico para conciliar una fecha. La consigna del “sí o sí” bloqueó toda posibilidad de acuerdo.

No puede olvidarse que el origen del conflicto estuvo en la decisión del gobierno central, a solicitud del Consejo Nacional de Autonomías, de postergar el censo, que debió hacerse este mes, para el año 2024. Hasta entonces las autoridades responsables (la exministra de Planificación y el desaparecido director del INE) aseguraban que todo estaba listo para realizar el censo. Faltaron a la verdad. El presidente Arce señaló que había un serio problema, que era la falta de actualización cartográfica.

En el nuevo escenario, que ciertamente demanda más tiempo para la ejecución del censo, la dirigencia cruceña se empecinó, sin respaldo técnico, en su exigencia del 2023. Para ello hizo paros de 24 y 48 horas y luego montó un cabildo, con menos de 230 mil personas como fue certificado por el tribunal electoral, para declarar un insostenible paro indefinido, sin eco a nivel nacional. Dicho paro cumple hoy 23 días, con un saldo de millonarias pérdidas económicas, cuatro muertos y mucha violencia.

Así pues, un inútil conflicto, que pudo evitarse con voluntad de concertación, terminó con elevado costo y sin ganadores. O con una suerte de “empate”: el censo se hará el 2024, como planteó el gobierno central desde un inicio; y la redistribución de recursos aplicará desde ese mismo año, como pedía el comité interinstitucional de Santa Cruz. Quedan por definir los plazos para la redistribución de escaños en Diputados, con efecto en las elecciones del 2025. El asunto debe volver al cauce técnico.

Para cerrar este oscuro capítulo, que dejará heridas y un acumulado resentimiento en todas las partes, es fundamental que hoy primen la sensatez y la moderación para formalizar en el cabildo cruceño la suspensión del paro indefinido, que se cae a pedazos. Las medidas de protesta deben cesar también en los otros departamentos del país. Y ojalá que, al menos, queden aprendizajes para gestionar bien los resultados del censo. Hay que dejar sin piso a los autoritarios y violentos que buscan desestabilización.