El cabildo más grande de la historia de Santa Cruz aprobó la propuesta para “revisar” la relación de la región con el Estado. El debate está activo en el país
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El multitudinario cabildo del domingo adoptó una determinación de largo aliento y que supera los límites del actual conflicto por el censo. La decisión de “revisar la relación política” entre Santa Cruz y el Estado boliviano, según sus líderes regionales, implicará recorrer “un largo camino” por la vía del diálogo y el debate político.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, precisó así que la propuesta está basada en el principio universal de “la autodeterminación de los pueblos” sin perder la vía legal.
“Es necesario ir por etapas. Hemos desafiado al Gobierno diciéndole que vamos a tomar las acciones para iniciar el camino al federalismo, un Estado Confederado o alguna forma que nos pueda librar del centralismo abusivo en el que estamos viviendo”, apuntó el líder cívico, quien leyó las cinco preguntas en el cabildo.
Santa Cruz cumple un paro indefinido desde hace 25 días. El cabildo del domingo otorgó 72 horas para que se liberen a las personas que fueron detenidas por la Policía en el “contexto del ejercicio a la protesta”. El Gobierno señaló que es una competencia del Órgano Judicial y pidió que se levante la medida de presión.
“Nunca deberíamos estar hablando de plazos para la liberación de presos o persecución. Eso debió ser parte de una conducta de cumplimiento del Estado de derecho que debería tener el Gobierno. Esa es la relación que hay que revisar con el Gobierno para llegar a una forma de Estado nueva que más se apega al federalismo y que establezca otro tipo de relación entre Santa Cruz y los ocho departamentos del Estado”, declaro el constitucionalista José Luis Santistevan, asesor legal del Comité Interinstitucional que impulsa la realización de un censo “oportuno y transparente”.
Santistevan señaló que el Gobierno cometió muchos abusos en Santa Cruz. Desde que comenzó la protesta, por ejemplo, se produjo un cerco protagonizado por sectores campesinos afines al MAS, además de un bloqueo en la refinería de Palmasola que dejo sin carburantes a la capital oriental. A esto se suma, la forma en la que actuó la Policía, tanto en La Guardia, como en los disturbios del pasado viernes, cuando un grupo de ciudadanos contrarios al paro atacó los puntos de bloqueo.
Ese día también se produjo el incendio de la sede de la Federación de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz y las organizaciones afines al MAS responsabilizaron de esos actos a los líderes de la movilización que reclamó el censo para 2023 para que se acelere la asignación de recursos sobre la base de la cantidad de habitantes.
“El Gobierno debe reaccionar y debe recapacitar. Frente a todos esos abusos y atropellos, la gente busca una nueva forma de vida y bienestar. Este es un punto de partida. La legitimidad del proceso está en los cabildos. Nunca nos hemos salido del orden constitucional ni jurídico. Esa legitimidad siempre generó un mandato y por eso seguimos luchando”, apuntó el jurista, quien recordó que la demanda en favor de las autonomías nació en Santa Cruz en 2003, tras la crisis de ese año que se zanjó con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada a la Presidencia.
“Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”, señala el artículo primero de la Constitución. Bajo este sistema, el país y las llamadas Entidades Territoriales Autónomas (ETA), que son gobernaciones y municipios, comparten competencias para atender las necesidades de los ciudadanos a través del mecanismo del “pacto fiscal”.
El federalismo es un sistema político que profundiza la autonomía territorial de manera que cada región administre casi todos sus recursos para el desarrollo.
El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, señaló ayer que el sistema autonómico ha perdido impulso. Incluso, dijo, la autonomía universitaria, una conquista que data de 1931.
“Estamos perdiendo la autonomía universitaria; estamos perdiendo la autonomía municipal y departamental. ¿Por qué? Porque, incluso, las leyes municipales ahora son revocadas a simple solicitud ministerial o solamente con una resolución de las instancias burocráticas de Gobierno”, afirmó la autoridad académica.
Reclamó al centralismo por el control que posee, especialmente, sobre los recursos económicos, que garantizan el funcionamiento del sistema de descentralización. “Tenemos que recuperar lo que teníamos para poder profundizar las autonomías”, reflexionó el rector.
Consideró así que se trata de “un proceso largo” y destacó la oportunidad de la región para “ponerlo en el tapete”. “Ahora, no hay nadie que puede oponerse a discutir la relación sociedad Estado y cómo debe ser la relación para la distribución de los recursos y cómo se debe manejar las instancias estratégicas entre Estado y sociedad. Obviamente eso implica llamar a una Constituyente o modificar la Constitución”, dijo.
Para la reforma parcial o total de la Carta Magna, este mismo instrumento jurídico prevé los mecanismos para poder hacer los ajustes en función de los desafíos y la agenda política del país y “nadie puede cuestionar una aspiración, dada la necesidad de responder a las necesidades de un pueblo, el pueblo también tiene la soberanía para plantear otras alternativas entre sociedad y Estado”, apuntó Cuéllar, cuya notoriedad y liderazgo se hizo más evidente a partir del conflicto por la fecha del censo.
En ese contexto y, a manera de evaluación, el rector de la Uagrm planteó la necesidad de que el Gobierno mejore su relación con Santa Cruz. “Más allá de estigmatización que tiene con esta región del país, el presidente Luis Arce y el Gobierno tiene que trabajar con todos los bolivianos”, apuntó.
Durante la protesta por el censo, Arce aseguró que se buscó desestabilizar su Gobierno. El mismo domingo, horas antes del cabildo, el presidente aseguró que defenderá el voto que le dio el pueblo en las calles y de esta manera ratificó la postura que planteó en su informe al país del pasado 8 de noviembre, cuando mencionó que tiene de su lado “al pueblo movilizado”.
“Pero es, este momento, que ellos tienen que ponerse la camiseta rojo, amarillo y verde; defender los derechos de todos los bolivianos y respetar la integridad de todos los bolivianos que habitamos en este territorio nacional. Cada región aporta para que este país siga creciendo y, obviamente, el Gobierno no puede desconocer esta locomotora productiva que hay en el país, pues dentro de muy poco tiempo, vamos a ser el centro del pensamiento crítico del país. Todas las decisiones que emanan del Poder Ejecutivo van a depender de lo que diga o lo que haga esta región.
Santa Cruz está creciendo en un liderazgo político y eso nadie lo va a detener”, aseguró ayer el rector Vicente Cuéllar.
El portavoz de la Presidencia, Jorge Richter, afirmó ayer desde La Paz que la demanda del cabildo apunta al TSE y a la Asamblea Legislativa. Eso sí, el proceso del próximo censo está instalado en todo el país.