El cabildo de Santa Cruz decidió anoche continuar con el paro indefinido hasta que el Gobierno apruebe una ley que garantice la redistribución de recursos económicos y la nueva asignación de escaños parlamentarios antes de las elecciones generales del 2025; además, dio un plazo de 72 horas para que las autoridades liberen a las 20 personas detenidas por los enfrentamientos durante los días de protesta. 

“Honrando el sacrificio de todos, exigimos que el contenido del Decreto Supremo 4824 se formalice en una ley en la que debe incluir que la distribución de los recursos se realizará con los datos finales, no preliminares, y que la nueva cartografía electoral y distribución de escaños parlamentarios se realizarán antes de las elecciones del 2025”, dijo el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, a través de un video grabado desde su detención domiciliaria.

Las demandas del cabildo cruceño se resumieron en cinco preguntas referidas a 1) instruir los legisladores que, de manera inmediata, gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del Censo antes de las elecciones 2025; 2) delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional para que revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado Boliviano; 3) reclamar y exigir a los departamentos de Bolivia que se unan en la lucha por la aplicación de los datos del Censo antes del 2025; 4) si en el plazo de 72 horas, los departamentos de Bolivia no se unen formalmente a este reclamo con medidas efectivas, asumirán que la lucha es por cuenta en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz; y, 5) mantener el paro hasta que dentro de 72 horas sean liberados todos los ciudadanos detenidos ilegalmente y se garantice el fin de la represión policial y persecución judicial contra el pueblo y sus dirigentes.