Otro multitudinario cabildo realizado ayer, domingo 13, en Santa Cruz, ha resuelto mantener el paro indefinido por el censo en 2023, pese a que el Gobierno ya promulgó un nuevo decreto en el que se fija el 23 de marzo de 2024 para la realización del empadronamiento nacional.

Además de esta resolución que da continuidad a la protesta, que ya se prolonga por 24 días, el cabildo ha establecido también que se gestione una ley que garantice la aplicación de los resultados del censo en cuanto a lo económico y electoral -la redistribución de recursos coparticipables y de escaños- antes de los comicios generales de 2025. Además, se fijó un término de 72 horas para que los 20 aprehendidos en las jornadas de protesta sean liberados y se garantice el cese de la represión policial “contra el pueblo y sus dirigentes”, además de exhortar a que en este mismo plazo las demás regiones se unan a la demanda de aplicar las cifras del nuevo censo antes de las elecciones de 2025. 

Acaso el punto que revela la mayor radicalidad de las nuevas medidas se relaciona con la delegación al Comité Pro Santa Cruz para que convoque a una comisión constitucional “que, en el marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado Boliviano”. Es decir, un grupo de expertos estudiará un nuevo estatuto para el relacionamiento de esa región con el Estado. 

El Gobierno, antes de que se conocieran estas resoluciones, ha informado que remitirá los resultados del censo hasta diciembre de 2024, para que el Tribunal Supremo Electoral, según sus atribuciones, redistribuya los escaños parlamentarios, que es una de las reivindicaciones centrales de Santa Cruz, pues exige una mayor representación en la Cámara Baja acorde con su población.  

Lamentablemente, esta última oferta del Poder Ejecutivo llega después de una radicalización de la protesta cruceña, lo cual se ha manifestado en la asistencia de personas al cabildo de ayer y en el establecimiento de un discurso de corte federalista, que responden a la pésima lectura del conflicto en el oficialismo. 

Ciertamente, en vez de tender puentes y propiciar el diálogo, el Gobierno ha intentado forzar una salida, es decir, ha aplicado la coerción estatal, mediante el desplazamiento de más efectivos policiales que han cometido excesos en sus tareas represivas; también ha enviado, desde otras regiones, a militantes masistas o grupos de choque para que provoquen y levanten los bloqueos, que se han unido a los partidarios locales; el MAS ha cercado a la capital oriental; asimismo, recordemos, ha dictado un veto a las exportaciones cruceñas y aunque se han autorizado nuevamente las del complejo soyero todavía rige para productos como la carne y el azúcar. No hubo una vocación para escuchar y dialogar, sino para imponer la fecha del censo en encuentros técnicos en que los representantes cruceños, según la expresión gráfica del rector Vicente Cuéllar, hablaban con una pared. 

Esas agresiones han derivado en una dura reacción en Santa Cruz, que refleja la magnitud de los ataques gubernamentales descritos. Ha fracasado la vía de la imposición y ojalá que aún se puedan tender vías para el diálogo.