Santa Cruz, 13 de noviembre de 2022 (ABI). – El cabildo cruceño determinó este domingo extender el paro por 72 horas a la espera que en el ámbito de la Asamblea Legislativa se eleve a rango de ley del Estado el Decreto Supremo 4824 que establece la fecha del Censo de Población y Vivienda para el 23 de marzo de 2024 y la redistribución de recursos por coparticipación para septiembre del mismo año.

El cabildo planteó también que la distribución de recursos se ejecute con los resultados finales, y no preliminares, del censo y que la nueva cartografía y nuevas circunscripciones electorales se apliquen en las elecciones generales de 2025.

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, informó horas antes del cabildo que el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE,) remitirá los resultados del Censo hasta diciembre del 2024 al Tribunal Supremo Electoral para que, de acuerdo a sus competencias y atribuciones, proceda a la redistribución de escaños parlamentarios.

El presidente cívico Rómulo Calvo conminó a los otros departamentos, a través de un video pregrabado, “sumarse” a la lucha por el Censo o de lo contrario, dijo, los movilizados cruceños tomarán sus propias decisiones.

Otra exigencia del cabildo, expuesta por Calvo, fue que en 72 horas se libere a los 20 detenidos por la fuerza pública durante las jornadas de protesta en la ciudad.

“Su libertad (de los detenidos) es un requisito indispensable para la conclusión de este proceso”, argumentó el cívico en el video.

Efectos del paro

Los 23 días de paro cívico en Santa Cruz generaron más de 720 millones de dólares en pérdidas por la paralización de las principales actividades económicas en la región y sus repercusiones en los demás departamentos.

Los sectores de recursos medios y escasos fueron los más afectados por esta medida.

El paro también tuvo como consecuencias al menos cuatro fallecidos como parte de la inseguridad ciudadana en los puntos de bloqueo, por enfrentamientos entre quienes están a favor y en contra y accidentes fatales por cierre de vías con cables: un fallecido en Puerto Quijarro, un mototaxista decapitado por un cable, y otro fallecido en atropello y uno muy grave en un punto de vigilia por un presunto crimen de odio, además de hechos como una violación grupal y decenas de casos de extorsión a los conductores en puestos de control ilegales.

La fuerza pública de Santa Cruz informó que investiga además al menos una docena de casos de lesiones graves y gravísimas entre quienes están a favor y contra del paro económico.

Los ataques de discriminación y racismo también se hicieron presentes con la expulsión y destrucción de viviendas del pueblo ayoreo, en el municipio de Concepción, por protestar en contra del paro cívico. Y el viernes con el ataque y quema a la sede de la federación de campesinos en la ciudad de Santa Cruz, que también afectó a la sede de la Central Obrera Departamental (COD).

Preguntas del cabildo

¿Están todos de acuerdo en instruir a nuestros legisladores para que de manera inmediata gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del Censo antes de las elecciones de 2025?

¿Están de acuerdo en delegar al Comité pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que en el marco legal y democrático revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano?

¿Están de acuerdo en reclamar y exigir a los departamentos de Bolivia para que en el marco de la unidad nacional se unan a esta lucha por la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de 2025?

¿Están de acuerdo que, si en el plazo de 72 horas los departamentos de Bolivia no se unen formalmente a este reclamo con medidas efectivas, asumamos por propia nuestra cuenta y responsabilidad nuestras propias reivindicaciones en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz?

¿Están todos de acuerdo en mantener el paro hasta que dentro de estas 72 horas sean liberados todos los ciudadanos detenidos ilegalmente en el ejercicio de su derecho a la protesta y se garantice el fin de la persecución judicial contra el pueblo y sus dirigentes?