El Gobierno ha sido claro y consecuente desde un principio al señalar que la fecha de la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda sería definida sobre la base de criterios estrictamente técnicos que garanticen resultados inclusivos, transparentes y reales, que se conviertan en herramientas fundamentales para la planificación estratégica de nuestro Estado.
La mesa técnica en la ciudad de Trinidad, que contó con la más amplia participación de entidades regionales, gobernaciones, municipios, autonomías indígenas y universidades públicas, además de la presencia de representantes de organismos internacionales especializados en el tema, concluyó, después de arduas jornadas de trabajo a cargo de sus técnicos, recomendando realizar el empadronamiento final entre los meses de marzo y abril de 2024.
Este fue el resultado de un trabajo que se prolongó durante varios meses, desde el momento en que el Consejo Nacional de Autonomías determinara señalar nuevos plazos para la realización del Censo, momento a partir del cual han sido varias las oportunidades en que sectorialmente, o de manera conjunta, todos los actores han debatido los aspectos inherentes al proceso censal. Es evidente que algunos de estos actores o no asistieron a algunas de las convocatorias o abandonaron las reuniones, lo cual, como en el caso de la cita final en la capital beniana, cuando cinco de cuarenta y un técnicos decidieron retirarse antes de que se definieran sus conclusiones, al no haber podido demostrar la solidez de sus propuestas, no le quita en absoluto todo el valor que tienen las conclusiones y recomendaciones que van incluso más allá de la fecha del Censo.
La movilización del Comité Cívico cruceño se sustentó en una supuesta resolución del cabildo, al que según ellos asistieron millón y medio de personas. La región metropolitana de Santa Cruz que engloba además de la capital cruceña a los municipios de La Guardia, El Torno, Cotoca, Porongo y Warnes, cuenta con una población de alrededor de dos millones de habitantes. De acuerdo al Tribunal Electoral Departamental, la reunión del 30 de septiembre en la rotonda del Cristo habría reunido a un poco más de 220 mil personas, es decir el 11 por ciento de la población urbana. A nombre de ese 11 por ciento se desató un paro de 22 días hasta ahora, cuyo cumplimiento fue impuesto a través de la violencia y la intimidación.
En ninguna de las reuniones convocadas para debatir técnicamente, el Comité Interinstitucional, compuesto por el Comité Cívico, la universidad estatal y la gobernación, pudo fundamentar su propuesta de realizar el Censo en octubre de 2023. Todo parece indicar que ellos mismos sabían que su propuesta, carente de sustento técnico, era eminentemente política y estaba destinada a dar pie a un proceso de desestabilización del Gobierno nacional.
La fecha anunciada por el Primer Mandatario, en un mensaje al país difundido la medianoche del viernes, es el resultado de lo que anunció el Gobierno desde el principio, es coherente y consecuente con todo lo señalado a lo largo de estos últimos meses y cuenta con el respaldo de las gobernaciones de ocho departamentos, universidades públicas del mismo número de departamentos, municipios de los nueve departamentos con excepción de las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Tarija, es decir cuenta con toda legitimidad requerida.
No existe pues razón alguna para que Santa Cruz continúe con sus medidas de presión contra el Gobierno, a no ser que verdaderamente las intenciones de su movilización no hayan sido precisamente las que dijeron en sus discursos. Las determinaciones que puedan asumirse en el cabildo previsto para hoy serán la mejor muestra de las verdaderas motivaciones del paro cívico más allá de las consecuencias que trajo consigo la actitud de los grupos parapoliciales con los que sustenta sus acciones el movimiento cívico cruceño.
