detenidos; el paro continúa

El paro por el censo ya es la protesta más prolongada de la historia de Santa Cruz. Ayer se cumplieron 23 días y la medida se extenderá hasta que se libere a las personas detenidas, entre ellos un periodista, un bombero voluntario y un médico, arrestados en el contexto de los disturbios del viernes en medio de denuncias de abuso policial.

La decisión corresponde al multitudinario cabildo de anoche (el más grande que se ha registrado en Santa Cruz) que, en ese contexto, otorgó un plazo de 72 horas para que esas personas retornen con sus familias. Además, el cabildo decidió exigir al presidente Luis Arce que eleve a rango de ley al Decreto 4824 con el que fijó la fecha del censo para el 23 de marzo de 2024. La norma también establece que entregará los “resultados preliminares” de la encuesta en septiembre de 2024 para que, desde entonces, se distribuyan los recursos de la coparticipación tributaria, lo cual fue considerado un logro del paro cruceño por Calvo.

Las determinaciones fueron aceptadas por una multitud congregada a los pies del Cristo Redentor y luego de aceptar cinco preguntas que formuló ayer el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. El líder cívico se dirigió a miles de ciudadanos que llegaron hasta ese emblemático lugar y lo hizo a través de un mensaje audiovisual, grabado con antelación y proyectado en pantallas gigantes.

“Exigimos que el contenido del Decreto Supremo 4824 se formalice en una ley en la que debe incluir que la distribución de los recursos se realizará con los datos finales, no preliminares, y que la nueva cartografía electoral y distribución de escaños parlamentarios se realizarán antes de las elecciones del 2025”, dijo Calvo, quien está impedido de salir porque está bajo un arresto domiciliario.

De este modo, el cabildo instruyó a los legisladores a tramitar la ley en la Asamblea Legislativa, una entidad que se había mantenido ausente en el largo conflicto.

En todo caso, el cabildo sesionó luego que el presidente Luis Arce aprobara el Decreto 4824 que fijó la fecha del censo para el 23 de marzo de 2024. Según figura en esa misma normativa, eligió la fecha sobre la base los resultados de la mesa técnica que sesionó en Trinidad. Calvo lamentó que allí, como en otras instancias, no se tomó en cuenta la propuesta que trabajó Santa Cruz a través de los técnicos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. El Gobierno, a través del Viceministerio de Comunicación, divulgó ayer un spot en el que señala que el plan cruceño no contaba con el suficiente respaldo técnico para llevar adelante el censo en próximo año.

Si bien la demanda exigía la encuesta en 2023, Calvo explicó ayer que, bajo la presión ciudadana, el Gobierno redujo los tiempos del operativo censal y aceleró la entrega de los resultados para la redistribución de recursos. Eso sí, calificó de “mezquino” al nuevo decreto de Arce porque no contempló que distribución de escaños, que es una de los efectos constitucionales de los censos.

En ese contexto, la decisión del cabildo instruye a los legisladores de la región para que, “de manera inmediata”, se gestione la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de las elecciones de octubre de 2025.

También delegó al comité cívico “la convocatoria a una comisión constitucional para que revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado Boliviano”, una opción vinculada con la demanda de federalismo que comenzó a reactivarse precisamente en el contexto del paro que comenzó el pasado 22 de octubre.

El cabildo reclamó y exigió a los departamentos de Bolivia que se unan en la lucha por la aplicación de los datos del censo antes del 2025. “Si en el plazo de 72 horas, los departamentos de Bolivia no se unen formalmente a este reclamo con medidas efectivas, se asumirá que la lucha es por cuenta propia en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz.

El presidente Luis Arce descalificó ayer la medida de presión y sostuvo que es un movimiento “de la derecha” que tiene como objetivo quitarle su victoria electoral lograda en las elecciones de 2020. “La derecha quiere ganar con esos movimientos lo que no pudo ganar en las urnas”, advirtió el mandatario, al calificar de “inadmisible” que pretendan, ahora, “levantarla cabeza cuando no tienen el apoyo popular”, afirmó Luis Arce durante un acto público realizado en Chuquisaca, según un reporte de la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI).

Por su lado, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, anunció anoche, 20 minutos antes que comience el cabildo, que los resultados de población se entregarán al Tribunal Supremo Electoral (TSE) hasta diciembre de 2024 con la finalidad de que se proceda a la redistribución de escaños en función de la nueva realidad demográfica del país que sea oficializada por el próximo censo.

La vocal Dina Chuquimia, representante del presidente Arce en el TSE, le dijo ayer a Unitel que ese proceso iba a tomar seis meses tras la entrega de esos datos.

Los próximos comicios se deben realizar en octubre de 2025 y la convocatoria se hace entre ocho y seis meses de anticipación.

“No hemos hecho un análisis si se hará (la distribución de escaños) con los resultados preliminares o no; eso va a requerir una posición institucional y colegiada que asuma el Tribunal Supremo Electoral”, explicó el vocal del TSE Francisco Vargas, en un contacto con EL DEBER. Adelantó que deben revisar la normativa, incluso fallos constitucionales que se emitieron respecto a este tema.

“Hemos ido tomando las previsiones; tenemos la Unidad de Geografía Electoral que es nuestra instancia técnica especializada que hará la delimitación de circunscripciones. Estamos preparados”, explicó Vargas.

Los datos del censo impactan en la distribución de los 130 escaños de la Cámara de Diputados; 60 de los cuales son elegidos, precisamente, por población. El resto, 63 corresponden a circunscripciones uninominales y siete son especiales indígenas que están en todo el país, menos en los departamentos de Chuquisaca y Potosí, recordó el vocal.

Vargas explicó que, con los datos oficiales del censo, según el artículo 146 de la Constitución, el TSE se elabora un proyecto de ley que debe ser debatido y sancionado en la Asamblea Legislativa.

Con esta ley promulgada, el TSE procede a “redibujar la geografía electoral del país” en función de la población. Donde exista más población se deben asignar más escaños, en tanto que las regiones con menos población perderán en este proceso de asignaciones.

Tras el cabildo de anoche, varias personas se trasladaron hasta la casa del líder cívico para pedir explicaciones sobre las determinaciones asumidas. Calvo fue la única persona que intervino ayer ante miles de personas que llegaron hasta el Cristo Redentor.

El líder cívico tuvo que salir para explicar que el cabildo otorgó “72 horas de plazo” para la liberación de los aprehendidos y, en ese marco, también precisó que demandó el apoyo de otros departamentos que aún no se han sumado a la lucha por el censo.

Tras el cabildo, la asambleísta Keila García, que estaba en huelga de hambre por el censo 2023, tuvo que ser evacuada en porque se descompensó.