Ayer se realizó el cabildo en Santa Cruz y el presidente del Estado probablemente ya promulgó el decreto supremo fijando la fecha exacta en que se realizará el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda. Ambos hechos marcarán el ritmo político de esta semana.

Mi problema es que escribo esta columna antes de que estos hechos ocurran efectivamente y en circunstancias tan tensas, con adversarios tan polarizados y a un “tris” de que la violencia se desate por la acción de grupos de choque que se radicalizan conforme se mantiene el conflicto.

En ese escenario hay que escuchar el pedido que ha hecho el Arzobispo de Santa Cruz el viernes pasado a los “tres actores en conflicto: El gobierno en ejercicio del poder, todos los partidos políticos oficialistas y de oposición y por último las organizaciones sociales y cívicas, de recapacitar sobre las posibles consecuencias nefastas a las que nos pueden llevar la falta de un acuerdo sencillo, de un diálogo sincero, de un encuentro despojado de intereses particulares”, a tiempo de expresar su particular preocupación “por los enfrentamientos en las calles de nuestra ciudad”, por lo que exhorta “a todos los responsables de esta situación a anteponer la defensa de la dignidad, la vida y la búsqueda de la paz”.

Se suma a ese escenario un proceso de fragmentación política que, a estas alturas, no se sabe quién es quién. Se pelean dentro del MAS, dentro de Creemos y dentro de organizaciones sociales e incluso cívicas.

Además, las entidades estatales encargadas de la seguridad ciudadana y de garantizar la pacífica convivencia han sido copadas por el poder central que ha asignado a sus miembros la tarea de convertirse en celadores de grupos paramilitares y parapoliciales organizados y comandados incluso por algunos ministros de Estado.

Obviamente, la organización de un censo, que siempre ha sido conflictiva por su importancia en la distribución de recursos y de la representación parlamentaria. Pero, parece, nomás, que el telón de fondo es el desencuentro de una sociedad con actores políticos de toda naturaleza que no la expresan ni la comprometen, y en la que todo acto estatal le provoca desconfianza, más aún si los responsables de realizarlo manipulan a su antojo las diversas variables.

Respecto al censo, que es un instrumento básico de gobernanza y que bien hecho sirve a moros y cristianos, hay justificadísimos argumentos para desconfiar de la propuesta gubernamental. Basta recordar que hasta marzo pasado el Ejecutivo, mediante decreto supremo, fijó la fecha de su realización el 16 de noviembre de 2022, sí, el siguiente domingo. Y los voceros del gobierno sueltos de cuerpo así lo aseguraban, tan sueltos como ahora aseguran sólo es posible organizarlo bien si se realiza el primer trimestre del 2024.

No es difícil, pues, crear susceptibilidades que conducen a especulaciones de todo tipo.

Con esos antecedentes, se puede afirmar que el gobierno ha generado este escenario de confrontación y será responsable de lo que en adelante suceda.

Pero, también hay que señalar que los dirigentes de la movilización en defensa de la propuesta que el censo se realice el próximo año han regionalizado esta demanda, cuando es nacional, desatendiendo a probables aliados. Así, el gobierno y la dirigencia cívica cruceña han dado muestras de una gran capacidad de autodeslegitimación, abriendo heridas que serán muy difíciles de restañar.

En todo caso, todo esfuerzo para evitar la violencia y reconducir al diálogo democrático es válido. Nos lo dice el arzobispo cruceño: “Anteponer la defensa de la dignidad, la vida y la búsqueda de la paz”.