El cabildo de Santa Cruz decidió anoche mantener el paro hasta que dentro de 72 horas liberen a los detenidos y se ponga fin a la persecución. Además, creó una comisión para revisar “la futura relación política de Santa Cruz con el Estado”, y decidió instruir la gestión de una ley para garantizar que los resultados del censo de marzo de 2024 se apliquen, en materia de recursos y de escaños, antes de los comicios de 2025.

“Mantener el paro hasta que, dentro de 72 horas, sean liberados todos los ciudadanos detenidos ilegalmente en el ejercicio de su derecho a la protesta y se garantice el fin de la persecución judicial contra el pueblo y sus dirigentes”, es una de las resoluciones que adoptó el cabildo.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en su discurso, que fue emitido en un video, indicó que hay 20 detenidos “que pelaron por Bolivia” y que su liberación es “un requisito indispensable para la conclusión de este proceso”.

A ello se suma la denuncia que interpuso el ejecutivo de la COR de El Alto, Marcelo Mayta, en contra de Calvo, el gobernador Fernando Camacho y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar.

Comisión constitucional

Otro punto que definió el cabildo fue la creación de una comisión para que revise lo que denominaron como la futura relación política de Santa Cruz con el Estado.

“Delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que, en un marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano”, fue el punto aprobado por los asistentes.

En su discurso, Calvo indicó que, si el Estado les agrede de forma continua, no los reconoce y no los acepta como parte de la bolivianidad, tienen derecho a replantear su relación con él y considerar opciones alternativas y viables constitucionalmente para decidir su destino, amparados en el derecho internacional de los pueblos a la “autodeterminación”.

“La categoría política-sociológica autodeterminación retorna con fuerza al imaginario colectivo cruceño. Su uso en la coyuntura actual responde a la indiferencia, ninguneo y tozudez del gobierno de Arce para responder con claridad y precisión a las demandas cruceñas. Es un punto de inflexión con respecto al memorándum de 1904 que pedía al Estado que nos considere bolivianos”, sostuvo el analista político José Orlando Peralta.

El sábado, Carlos Arrien, diputado supraestatal de Creemos que representa a Santa Cruz, sostuvo que es el momento de proponerle a los cruceños un rumbo federal para ese departamento. “Creo que es el momento de plantearle ya al pueblo cruceño ir viendo de que Santa Cruz pueda ser federal y por qué no Bolivia”, afirmó.

De decreto a ley

Calvo aseguró que el Gobierno había decidido realizar el censo en julio de 2024, con la entrega de datos en 2025 y la aplicación de resultados para un año después. “Hemos conseguido que el censo sea en marzo de 2024 y que la distribución de recursos arranque en septiembre de ese mismo año. Tenemos que ir por más, porque el decreto mezquino aprobado ayer (sábado), omite lo imprescindible, y con ello relega su aplicación electoral”, aseguró.

En ese marco, uno de los puntos que determinó el cabildo fue instruir a los legisladores que representan a Santa Cruz “que de manera inmediata gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de las elecciones de 2025”.

El 11 de noviembre, el presidente Luis Arce emitió el decreto 4824, que dispone que Gobierno, con base a resultados preliminares del censo 2024, realizará la distribución de los recursos económicos de coparticipación en el mes de septiembre de ese año. No obstante, no señala nada sobre la distribución de escaños.

Al respecto, antes del cabildo, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, sostuvo que la distribución de escaños no es atribución directa del Gobierno, sino que es una competencia del órgano Electoral. La autoridad sostuvo que el Ejecutivo remitirá hasta diciembre de 2024 los datos “necesarios” para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haga esa labor.

“Hasta diciembre del año 2024, el Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Estadística, remitirá los datos necesarios para que el TSE pueda proceder según su competencia, según su atribución, y según el mandato constitucional que se le otorga para la organización de los diferentes procesos electorales”, informó.

“Ha sido admitida en lo que ha sido presentada, en el mismo día, cuando en realidad el Ministerio Público tiene un plazo de 24 horas para aceptarla”, indicó el abogado Juan Carlos Camacho, reportó Unitel.