El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no decidió si distribuirá escaños en la Asamblea Legislativa sobre la base de “los resultados preliminares de población” que se generan tras el empadronamiento del próximo censo de población y vivienda.

“No hemos hecho un análisis si se hará con los resultados preliminares o no; eso va a requerir una posición institucional y colegiada que asuma el Tribunal Supremo Electoral”, explicó el vocal del TSE Francisco Vargas, en un contacto con EL DEBER.

El presidente Luis Arce aprobó el 11 de noviembre el Decreto 4824 con el que fija la fecha del próximo censo para el 23 de marzo de 2024. La norma establece que la distribución de los recursos económicos de coparticipación se hará en septiembre de ese año, “en base a resultados preliminares de población” que, precisamente, serán obtenidos tras el operativo censal.

La norma no hace referencia a la distribución de escaños. Este dato generó inquietud desde varios frentes. El Gobierno, a través del ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, tuvo que salir aclarar que los “resultados oficiales de población” serán enviados hasta diciembre de 2024 al TSE para que se active la distribución de los escaños con los datos de población.

“Hemos ido tomando las previsiones; tenemos la Unidad de Geografía Electoral que es nuestra instancia técnica especializada que hará la delimitación de circunscripciones. Estamos preparados”, explicó Vagas. 

Los datos del censo impactan en la distribución de los 130 escaños de la Cámara de Diputados; 60 de los cuales son elegidos, precisamente, por población. El resto, 63 corresponden a circunscripciones uninominales y siete son especiales indígenas.

El vocal Vargas explicó que, con los datos oficiales del censo, según el artículo 146 de la Constitución el TSE, se elabora un proyecto de ley que debe ser debatido y sancionado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Con esta ley promulgada, el TSE procede a “redibujar la geografía electoral del país” en función de la población. Vargas anticipó que las zonas despobladas del país pueden perder escaños y se deben reasignar las circunscripciones. Siempre sobre la base de 130 escaños.

Este proceso debería estar concluido antes de la convocatoria a las elecciones nacionales de 2025 para que estos criterios sean aplicados. Con los datos de 2012 se realizaron procesos electorales nacionales de 2014 y 2020; además de las fallidas elecciones de 2019.

“Son estos dos órganos, el Legislativo y el Órgano Electoral, los que van a tener que debatir y quizá se pueda hacer una consulta constitucional”, señaló más temprano la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en entrevista con Bolivia TV.

La autoridad respondió así a los requerimientos de los periodistas respecto a la postura del expresidente Jorge Quiroga, quien recordó que una sentencia constitucional de 2002 no admite esos “resultados preliminares” para los escaños.

“Al final, ningún paso, sea el tema de redistribución de recursos que está resuelto, como el tema de distribución de escaños puede convertirse en una nueva bandera política de enfrentamiento”, afirmó Prada.