Los pueblos y comunidades indígenas se declaran en estado de alerta a la actuación del Gobierno para ceder a las exigencias del sector minero aurífero

• Tweet
• Compartir
• 1+

Maquinarias en un campamento minero en la comunidad Correo en el norte paceño. Foto: ANF

La Paz, 13 de noviembre de 2022 (ANF).-  La Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey (MCI-RBTQ) emitió un pronunciamiento con siete puntos sobre la intención de las cooperativas auríferas de trabajar concesiones dentro de áreas protegidas. Una de las principales observaciones es que si estos permisos gozan de perpetuidad para explotar.

La mancomunidad realizó un análisis de un acuerdo que se firmó entre dirigentes campesinos,  autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) el 7 de noviembre en San Buenaventura.

“Ante la justificación del Ejecutivo del SERNAP Teodoro Mamani, así como la descalificación que hace la FECOMAN del acta firmada el 7 de Noviembre en San Buenaventura, en sentido que existen áreas pre constituidas para la minería en áreas protegidas, exigimos saber cuántas empresas tenían concesiones antes de la creación del Madidi, y cuál era la naturaleza de esas concesiones, porque no pudieron haber sido perpetuos como una simple adquisición de compra de tierras”, reclama el séptimo punto del documento.

La mancomunidad observa los puntos 2 y 3 del acuerdo firmado porque notaron que se consolidaron unos cambios en el Plan de Manejo del Parque Madidi 2015-2025 sin la participación de las comunidades y en probable complicidad para favorecer a la actividad minera.

“La formulación del punto 3 (‘garantizar la vigencia plena del Plan de Manejo’) y del punto 2 (‘los Certificados de Compatibilidad deben emitirse previo cumplimiento de los Planes de manejo vigentes’) consolidan hechos irregulares en los cambios que se hicieron a, por lo menos, el Plan de Manejo del Madidi entre el 2014 y 2015. Por tanto, más bien debemos exigir una paralización de todos los contratos y trámites de contratos mineros como ha sido propuesto por algunos pueblos afectados, hasta la realización de una auditoría a los cambios que se operaron en los Planes de Manejo hace unos 7 años atrás, y cuestionar su legalidad en caso de verificarse una orientación inconsulta hacia los intereses expansivos de la minería y otras actividades extractivas”, indica el apartado 2 del pronunciamiento.

Los campesinos cuestionan que se apele a la frase “En el marco de la ley…” para seguir insistiendo con las actividades extractivas dentro de áreas protegidas. Por el contrario, alertaron que esas disposiciones deben ser observadas y consideradas  inconstitucionales por afectar a los derechos de los pueblos indígenas.

“Mediante la aceptación pasiva de la Ley 535, se determina qué es minería legal y qué es minería ilegal. Pero en los hechos, la experiencia nos muestra que ambas minerías, la que se enmarca y la que no se enmarca en la Ley Minera, violan nuestros derechos y atentan contra disposiciones de protección ambiental. Por tanto, los pueblos indígenas debemos avanzar en cuestionar e impulsar la derogación o anulación de varias disposiciones de la ley 535 y su decreto reglamentario, que son abiertamente fuente de violación de nuestros derechos fundamentales”, estipula uno de los puntos del pronunciamiento.

Los pueblos y comunidades indígenas se declaran en estado de alerta a la actuación del Gobierno para ceder a las exigencias del sector minero aurífero que el mes pasado llegó a la ciudad de La Paz para exigir, a plan de bloqueos y dinamitazos, mayores beneficios.