Análisis / Raúl Peñaranda U. 

Brújula Digital |13|11|22|   

Uno de los argumentos para apoyar la realización de un censo que ofrezca resultados antes de las elecciones de 2025 es que supuestamente ayudaría a controlar el padrón electoral y, así, evitar un presunto fraude.

El argumento no tiene sentido porque no existe relación técnica o legal entre ambos instrumentos: nunca un censo ha servido para demostrar la validez de un padrón excepto establecer los porcentajes de los ciudadanos que asisten a votar. De hecho, desde la recuperación de la democracia el país ha organizado tres censos nacionales (1992, 2001 y 2012) y en ninguna ocasión ha habido algún tipo de cruce entre sus resultados y el padrón. Un censo no arroja listados de nombres, como sí lo hace un padrón. ¿Entonces cómo uno va a poder establecer la validez del otro?

Existe la idea, promovida por algunos analistas, de que el padrón tiene un millón de inscritos en exceso ya que los registrados crecen a un ritmo que parece ser muy elevado. Pero no es así. Los registrados siguen estando dentro de los parámetros de la población estimada mayor a 18 años.

Esos analistas, y en general la oposición boliviana, necesitan ajustar sus argumentos: en 2017, a solicitud del Tribunal Nacional Electoral, una comisión de la OEA llegó a Bolivia para analizar el padrón y estableció básicamente dos temas al respecto: uno, que los programas informáticos usaban software anticuados y que debían ser urgentemente renovados; y dos, que más del 98% de los inscritos coincidía adecuadamente con los datos del registro civil. Es un padrón confiable, dijo la OEA. 

Ese estudio tuvo el apoyo y fue avalado por Idea Internacional y las embajadas de España, Suecia, Suiza y EEUU.

Los analistas y la oposición no quieren creer en los resultados de esa comisión de la OEA, les cuesta aceptar que el padrón tenga 98% de fiabilidad. Pero luego sí creyeron en el informe que ese mismo organismo internacional emitió en 2019 sobre el fraude sucedido en las elecciones de ese año. Fueron las mismas instancias que hicieron ambos informes.

O sea que la OEA y sus expertos en temas electorales sí pueden ser “serios y responsables” cuando establecen que hubo fraude, pero son “poco serios e irresponsables” cuando dicen que el padrón es 98% fiable. O se aceptan ambas cosas o se rechazan ambas.

Noticias falsas

Yo participé en 2009 como encargado de comunicación de la campaña de registro biométrico de ese año. Entonces tuvimos que lidiar con un aluvión de noticias falsas, como que las computadoras con las que se hacía el empadronamiento “llegaban con las huellas ya llenas desde Venezuela” y otras de ese tipo. Por supuesto, ninguna se comprobó, pero la idea quedó y se sigue repitiendo hasta hoy. Pese a los esfuerzos de la entonces Corte Nacional Electoral de explicar las fases del proceso, de mostrar cómo funcionaban los sistemas de registro e incluso permitir inspecciones físicas de las salas donde estaban los servidores, esos analistas persistieron en la propalación de noticias falsas.

Hasta ese año, el antiguo registro manual de electores en Bolivia tenía alrededor de 3,5 millones de inscritos. La campaña del registro biométrico fue tan exitosa que la cifra subió a casi cinco millones. Las NNUU, la UE, el Centro Carter y en general la comunidad internacional ratificaron la transparencia y el buen trabajo realizado. No ha habido país que en 75 días logre la hazaña de registrar a tanta gente, de manera tan ordenada y tan transparente. Fue un éxito de Antonio Costas, el resto de la Sala Plena, además de Luis Pereira y Alberto Navia, que habían trabajado en el censo de 2001, y cientos de funcionarios y voluntarios.

Los analistas contrarios al padrón, los mismos que decían que las computadoras llegaban “llenas de huellas” desde Venezuela (las laptops eran de marca japonesa, seguramente provenían desde algún país de Asia donde se ensamblaban, no de Venezuela) no podían entender que el registro hubiera subido de 3,5 millones de personas, a cinco. La explicación es clara: el anterior padrón tenía un alto subregistro. En ese tiempo, la población boliviana debió tener entre 9 y 10 millones de habitantes y los mayores de 18 años eran, obviamente, entre cinco y seis millones. Hoy deben ser alrededor de siete millones o más.

El registro anterior (el de tipo manual, que después transcribía los datos a computadoras), se basaba en ubicar a ciertos funcionarios en ciudades principales y secundarías del país. Los interesados en votar debían acudir a estas notarías electorales. La campaña del padrón biométrico, en cambio, creó brigadas móviles que iban de pueblo en pueblo donde se quedaban entre 24 y 72 horas. Portaban generadores eléctricos a gasolina, porque en muchas de esas localidades no había luz, y a veces hacían trayectos a caballo o a pie cuando no tenían vehículo. Yo acompañé a algunas de ellas, por ejemplo a un viaje a las afueras de San Buenaventura, norte de La Paz, donde se llegó a una comunidad esse eja. Según me dijo uno de los dirigentes de la comunidad, una persona de la tercera edad, esa era la primera vez que llegaba alguna entidad estatal hasta esa zona. Se sentían incorporados a una causa nacional. Eso ocurrió en todos los rincones del país, cuando miles de bolivianos, muchos de ellos voluntarios, trabajaron denodadamente para completar el padrón.

Pero en Bolivia nos cuesta alegrarnos con las (pocas) cosas buenas que logramos. La desconfianza es la marca del país. No podía ser que los bolivianos hiciéramos algo que no habían logrado otros países. “Es imposible. Tienen que haber venido las computadoras llenas de huellas desde Venezuela”.

Personas serias han analizado el padrón y han visto, desde el punto de vista estadístico, que tiene bolsones que muestran desviaciones difíciles de explicar. Por ejemplo, cantidad de personas de determinados rangos de edad que salen de la norma general. Eso debe ser estudiado. ¿Cuántas son esas personas? No se sabe con exactitud. ¿Qué existan esas desviaciones estadísticas implican necesariamente que exista fraude debido al padrón? Es difícil de saber y también en qué grado.

Fraude en 2019

En 2019 hubo fraude, pero no debido a los supuestos errores del padrón. Lo hubo porque existían servidores desconocidos incluso para el entonces presidente del Tribunal Electoral, Antonio Costas. Y hubo fraude en las mesas: una sola persona llenaba varias actas, en otras localidades votaba el 100% de los inscritos, etc. ¿Cuántos votos implicó ese fraude? Tampoco se sabe, pero ha debido ser lo suficiente para evitar que Evo Morales acudiera a una segunda vuelta en la que tenía todas las chances de perder contra Carlos Mesa.

Ese fraude, como digo, no se dio por el padrón.

La ley boliviana le da al ciudadano la responsabilidad de contar los votos en las mesas. El sistema, surgido de los acuerdos de 1991 y 1992, fue muy acertado porque evitaba el modelo anterior, que permitía el “recuento de votos” en interminables y con frecuencia escandalosas sesiones en el Coliseo Cerrado donde funcionarios del entonces sistema electoral anulaban mesas completas de votación. La ley de 1992 eliminó eso y estableció también el principio de la preclusión, precisamente para evitar el escamoteo posterior del voto: lo que los jurados de mesa firman es lo que terminará respetándose.

Otro elemento importante de esa ley es que las actas de votación van a unos escáners rápidos que cuentan los votos en las salas de los tribunales departamentales. Los delegados opositores tienen copias de esas actas y están presentes en el escaneo. Luego sale un resultado que se suma a nivel nacional. Es un buen sistema, ideado en parte por la primera corte electoral independiente que tuvo el país y que estaba integrada por Huáscar Cajías, Jorge Lazarte, Iván Guzmán de Rojas, Alcira Espinoza y Alfredo Bocángel (Reynaldo Irigoyen era secretario de cámara). Esa corte fue reelegida en 1995. Ese mismo sistema sigue vigente hasta hoy.

Esa ley, sin embargo, no podía prever que 30 años después las elecciones se realizarían con un partido muy fuerte en las áreas rurales (el MAS) y que en la mitad de los municipios rurales el resto de las organizaciones políticas no pudieran presentar delegados. Es correcto dejarle al ciudadano la responsabilidad de contar los votos, como establece la ley, pero si todos los miembros de la mesa y la amplia mayoría de una comunidad vota por un solo partido, entonces pueden ocurrir irregularidades, como las que de hecho suceden en nuestras elecciones. Pero –nuevamente– el problema no es el padrón. Y en todo caso es un porcentaje pequeño de los votos. Ante esa situación es urgente una ley que indique que todas las mesas del país deben contar con un delegado adicional, sin cuya firma el acta de la votación no sería legal. Ese delegado debería ser nombrado y contratado por el Tribunal Nacional Electoral. El costo para hacer ello sería bajo, pero su efecto sería muy beneficioso: darle mayor credibilidad a los resultados.

Excepto la crisis de 2019, mi parecer es que no ha habido fraude en elecciones anteriores ni las posteriores, de 2020 y 2021. Existen varias razones para sustentar esto y una de ellas es que existen empresas que realizan, el día de los comicios, ejercicios de conteo rápido, sobre actas escrutadas. Esos resultados son confirmados, a veces con decimales, con los que entregan después las autoridades electorales. ¿Cómo se puede explicar aquello? No es razonable que esas entidades, todas privadas y con distintos propietarios y algunas de ellas entidades sin fines de lucro y de mucha credibilidad, como Jubileo, se pongan de acuerdo con el TSE para forzar los datos, establecer el mismo resultado y realizar un supuesto fraude. A menos que creamos en enrevesadas teorías conspiracionistas, ello no es posible. Precisamente, en las elecciones de 2019 eso no ocurrió, el conteo rápido estableció otra cifra, lo que se convierte en un argumento adicional de que efectivamente hubo fraude.

Datos históricos

La historia también es una evidencia a favor de que no hay fraude en el país: en 2005, con el antiguo padrón y con personalidades en la Corte Electoral en las que la actual oposición no tenía duda, como Salvador Romero, Oscar Hassenteufel y Amalia Oporto, el resultado fue 53,8% a favor del MAS. Quienes dicen que existe fraude hoy, aceptaron ese resultado, el padrón era el antiguo y los vocales no eran sujetos a dudas. (Hago un alto aquí para señalar que es por lo menos paradójico que se le dé más credibilidad a un padrón levantado a mano, que luego se transcribe a unas computadoras, que a uno de tipo biométrico).

En los comicios subsiguientes los resultados fueron similares, Evo Morales ganó el referéndum revocatorio y se aprobó mediante referéndum la nueva Constitución, con porcentajes cercanos a dos tercios. Tampoco nadie habló de fraude. ¿Cómo es posible que después, con resultados equivalentes a los anteriores, se empezara a dudar? Si de manera inesperada Morales hubiera subido su votación después de 2005-2009 quizás podríamos desconfiar. ¿Pero con respaldos electorales similares, por qué dudaríamos?

Tampoco puede ser realista pensar que el padrón genere fraude solo cuando gana el MAS, pero sea creíble cuando Luis Revilla o Iván Arias vencen en La Paz, Eva Copa en El Alto, Manfred Reyes Villa en Cochabamba y Luis Fernando Camacho en Santa Cruz. Eso no es consistente. Podrían mencionarse decenas, por ejemplo: en las elecciones regionales de 2021, el candidato del MAS a la gobernación de La Paz, Franklin Flores, obtuvo en la primera vuelta el 39,7% de los votos, estuvo a 0,3% de ganar directamente, porque tenía más de 10 puntos de diferencia con respecto al segundo. ¿Si el padrón permitiera el fraude, no hubiera sido lógico que alguna mano negra le aumente 0,3% para que ganara? Ello no ocurrió, Flores fue a la segunda ronda y allí perdió contra el actual gobernador opositor Santos Quispe. Una más, si se puede hacer fraude, ¿por qué el MAS no cambió un 1% de los votos en 2016 para que gane el SÍ al referéndum de ese año?

Lo mismo ocurre con el voto en el exterior: los analistas que descreen del padrón aseguran que en Argentina, donde el MAS logra los dos tercios de los votos, se produce fraude. Pero no en EEUU o España, donde la oposición gana por esos mismos dos tercios de votos. No hay lógica.

Tampoco es consistente hablar de fraude generado por el padrón por otra razón: como se sabe, los bolivianos votamos con por lo menos dos papeletas en las elecciones nacionales, una para presidente, diputados plurinominales y senadores. La otra, para diputados uninominales. En algunos casos, esos diputados vencen con pocos cientos de votos, el fraude allí sería muy fácil de detectar. ¿Entonces no hay fraude en esas circunscripciones en lo referido al voto para diputados, pero sí para Presidente? Nuevamente, el argumento no se sostiene.

Legitimidad de las autoridades electas

Hay voces que señalan que el censo va a demostrar que el padrón está inflado y que por lo tanto la permanencia en el poder del presidente Luis Arce estará en riesgo. Si apoyáramos eso, estaríamos ante una situación muy compleja: Luis Arce, Iván Arias, Luis Fernando Camacho, Manfred Reyes Villa, Eva Copa y otros cientos de autoridades electas perderían legitimidad. Lo mismo diputados y senadores de los tres partidos que tienen representación parlamentaria y cientos más de las asambleas departamentales, para no hablar de concejales municipales. ¿Tiene lógica pensar que un censo le quitaría legalidad a toda la estructura estatal? Obviamente que no.

Lo más probable es que si el próximo censo está bien hecho va a demostrar que los bolivianos somos entre 12 y 13 millones. Y, por lo tanto, el porcentaje de empadronados estará en niveles razonables. Es posible, sin embargo, que quienes insisten desde 2009 que el registro biométrico es fallido, mantendrán su argumento. Simplemente dirán que el censo estuvo mal hecho. Abro otro paréntesis: la desorientación opositora es notoria aquí: no confía en un padrón electoral que es certificado por personas decentes como Salvador Romero y Oscar Hassenteufel, además de la misma comisión de la OEA que dijo que hubo fraude en 2019, pero dicen que confiarán en un censo que estará a cargo de anónimos y poco confiables funcionarios masistas. En fin.

Coda: no existe sobrerrepresentación rural

Finalmente, se repite hasta el cansancio que las áreas rurales tienen en Bolivia mayor representación parlamentaria que las urbanas. Incluso se llega a decir que las ciudades en Bolivia representan el 75% de la población y que solo tienen 25% de diputados. Allí fallan las matemáticas. Un estudio que yo realicé confirma que la representación demográfica en el país es relativamente adecuada. Mi análisis estableció que la sobrerrepresentación rural como efecto de la elección de diputados uninominales es marginal, y que solo 5,5 escaños, de 63, son “excesivos” en las provincias con respecto a las ciudades capitales de departamento, lo que implica un 3,3% del total del Legislativo. De todos modos, considerando el apoyo electoral de las distintas fuerzas políticas, su reubicación no generaría mayores cambios políticos (tampoco generará un gran cambio en el equilibrio de fuerzas que Santa Cruz aumente diputaciones con el nuevo censo, quizás obtenga dos más, de los cuales seguramente el MAS ganará una).

Además, existen en el Legislativo 60 diputaciones plurinominales y 36 senadores, pero su representación no implica ningún desequilibrio entre ciudades y áreas rurales ya que se eligen por lista. El total del Parlamento es de 166 miembros.

Uno de los errores de quienes señalan que existe esa sobrerrepresentación es que consideran como “rural” a toda la población que no es de las ciudades capitales, lo que es un error. Las ciudades intermedias son en muchos casos de similar población que las capitales, como los ejemplos del Beni (Riberalta tiene una población comparable a la de Trinidad) o Yacuiba con respecto a Tarija, etc. Tampoco se pueden llamar “rurales” a localidades como Patacamaya, Caranavi y muchas otras, y cuyas poblaciones a veces superan los 50.000 habitantes.

Lo que sí existe es una evidente sobrerrepresentación provocada por las siete circunscripciones indígenas, que implican el 1,9% del total de votantes, pero que gozan del 4,2% del Legislativo. Esas siete circunscripciones son dominadas por el MAS. Y donde sí se registra una obvia sobrerrepresentación de las áreas rurales, y que beneficia al MAS, es en las asambleas departamentales.

Yo soy crítico con las acciones autoritarias, violentas y antidemocráticas del MAS. Pero no se vence a ese partido construyendo sobre castillos de naipes.

Todo lo anterior no quiere decir que, como ya hubo fraude en una ocasión, no pueda volver a suceder. La sociedad debe estar movilizada, como lo estuvo en 2019, para evitar que caudillos canallas violen nuestra vida democrática.