El 80% del informe presidencial, al cabo de dos años, ha estado destinado a la “economía” que, según el presidente Arce, fue lo más exitoso de su gestión junto al enfrentamiento de la pandemia. La omisión del grave conflicto por el censo y el ocultamiento de las enormes fragilidades que aparejan para su “modelo”, el déficit fiscal, la deuda interna y la disminución de las reservas, malograron absolutamente el “informe” porque una gran parte de la población, ante el ocultamiento de los problemas, descalifica una alocución presidencial no sólo aburrida e interminable, sino ajena a la realidad, a los problemas urgentes de la gente y a la confrontación censal provocada por la ineficiencia del Gobierno. Adicionalmente, el “informe” encubrió la enorme crisis judicial y también ignoró la deserción gubernamental respecto a la reforma. Veamos:

“En materia de justicia seguimos ejecutando acciones concretas para precautelar los derechos de los bolivianos”, leyó el Presidente para, a continuación, dar datos sobre “los servicios integrales de justicia”, el “servicio de asistencia a las víctimas” y el “servicio de defensa pública”, junto a la creación de una “comisión de seguimiento de los feminicidios” y el “ajuste de una serie de leyes, decretos y otras normas”.

Ni siquiera el Presidente reiteró algunas apreciaciones críticas sobre la debacle judicial que realizó el 2 de enero en Sucre y, por tanto, debe suponer que la retardación judicial, la discriminación del servicio o su mercantilización ya han sido superadas, que fue lo más saliente de los “desafíos” que mencionó a inicios del año en el Tribunal Supremo de Justicia.

Es que, torpemente, sus colaboradores situaron al Presidente en una especie de “surrealismo judicial” donde la repartija y venta de cargos en el Consejo de la Magistratura no existe, que tampoco se produce a diario el remate de los fallos en todos los niveles judiciales, que centenares de casos de asesinato y maltrato de mujeres no se mueven un centímetro en los juzgados, pese a la demolición aparatosa del inmueble de un feminicida condenado y liberado y pese a la  destitución de 10 jueces prevaricadores, al tiempo que los presos sin sentencia se incrementan hacinando las cárceles casi en un 300%. Sería largo el recuento de la tragedia judicial que, al cabo de dos años, ignora el Presidente o le ocultan sus ministros, pero lo que preocupa más es que su ministro del ramo le haga repetir que “seguimos trabajando en la reforma de la justicia con 6 ejes estratégicos…”, que son los que Lima formuló en septiembre del año pasado, improvisando una tercera propuesta de reforma, previo archivo de las anteriores.

Estos “ejes” administrativos no tocan la problemática judicial de fondo y que tampoco están siendo implementados, ya que en abril de este año ese mismo ministro tiró la toalla, dijo sentirse derrotado, canceló la cumbre judicial anunciada y le pasó el fardo de la reforma al vicepresidente Choquehuanca, quien, en ocho meses, sólo ha atinado a realizar “dos diálogos plurales para la transformación de la justicia” que sí los registra el presidente Arce en su informe como si fueran logros cuando se trata más bien del epílogo público de un fracaso y de la ausencia completa de reforma de parte del Gobierno.

No es cierto que “se da cumplimiento paulatinamente a las recomendaciones emitidas por el GIEI”, porque apenas se aprobó un decreto de “ayuda humanitaria en especie” a los familiares y heridos durante la crisis nacional de 2019 y no se ha avanzado un milímetro en la investigación de los hechos de sangre, porque, violando la Constitución, el Gobierno se niega al esclarecimiento de los hechos vía juicio de responsabilidades a la expresidenta Áñez.

Las otras recomendaciones de los expertos internacionales sobre independencia judicial y reforma desaparecieron, junto al largo listado de carencias que dejó García-Sayán. En la parte final le hicieron leer a Arce, como un gran logro, que “se conformó el Tribunal Nacional de Ética de la abogacía (…) que, entre 2021 y 2022, el 76% de 1.500 denuncias fueron procesadas por los tribunales de ética para proteger a los litigantes de acciones incorrectas de los abogados”, de donde resulta que ahora el problema principal de la justicia son los abogados…

Lo tienen desinformado al Presidente, pero desde la sociedad está abriéndose el camino de la reforma. El TSE ha aprobado la recolección de firmas para el referendo. En las próximas semanas estarán los libros en las calles y se iniciará la gran cruzada nacional por la justicia. Ojalá le informen al Presidente que eso está ocurriendo.