El paro indefinido de Santa Cruz ha contribuido a dejar al descubierto que el censo de 2012 estuvo lleno de irregularidades: la principal de ellas ha sido revelada por el presidente Luis Arce, quien en su discurso del viernes 11 de noviembre para anunciar la fecha del censo -el 23 de marzo de 2024- ha afirmado que el de 2012 se efectuó sin actualización cartográfica. Esto es poco menos que hacer el empadronamiento a ciegas. 

Tal confesión, que acaso responde, en la confrontación interna masista, a las acusaciones del exministro evista Carlos Romero Bonifaz, quien dijo que el gobierno de Evo Morales no necesitó más que 10 meses para realizar el censo de 2012 y apenas un tercio del presupuesto proyectado para el que está en actual debate, pone en duda la transparencia del uso de los resultados del censo de 2012 para la configuración de la representación parlamentaria en la Cámara Baja, según el artículo 146 de la Constitución Política del Estado. 

Poco a poco, como a cuentagotas, salen a la superficie irregularidades que confirman que Santa Cruz tiene fundamentos de peso para protestar y que el Gobierno carece de transparencia en cuanto a la gestión del censo. 

Pero la falta de cartografía para el censo de 2012 y el uso electoral de sus datos engañosos es sólo una de las observaciones a estos procesos demográficos. 

Otro de los cuestionamientos de fondo tiene relación con las investigaciones del especialista Carlos Hugo Molina, columnista de este diario, quien ha estudiado las tendencias poblacionales a partir de los últimos censos realizados en el país. Asegura Molina que, según las proyecciones de esas cifras, al menos el 75 por ciento de la población boliviana vive hoy en 30 municipios urbanos, en tanto que apenas el 25 por ciento habita en los restantes municipios del área rural. Lo aberrante es que las áreas urbanas tienen el 40 por ciento de los diputados establecidos en las circunscripciones electorales, mientras que las áreas rurales están sobrerrepresentadas con un 60 por ciento de los diputados. Es decir, en el país hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y no es cierto que un ciudadano sea igual a un voto. 

Este grotesco desequilibrio, según la politóloga Jimena Costa, hace que, por ejemplo, en cualquier provincia se pueda ganar una diputación con 800 o 1.200 votos, mientras que en la provincia Murillo de La Paz se precisan al menos 300 mil votos para alcanzar esa misma diputación; esto quiere decir que un diputado votado en el área rural representa a apenas 5.000 electores, pero su colega de la provincia Murillo, a casi 2 millones de personas. 

Además, hay dudas sobre el cuestionado padrón electoral, vinculadas a lo poblacional; según el municipalista y asambleísta departamental de Tarija Mauricio Lea Plaza, de 2005 a 2009, el padrón electoral pasó de 3,7 millones a 5,1 millones; entre 2009 y 2014, creció a 6,2 millones, y entre 2014 y 2019 subió a 7,3 millones, es decir, el doble en 14 años. Esto no es usual y debería ser explicado por las autoridades electorales. ¿Estamos ante un padrón electoral artificialmente inflado?

Un censo transparente tendría que revelar estas irregularidades. Acaso sea por esto que hay tanto hermetismo en la información con respecto al empadronamiento. En todo caso, le debemos a Santa Cruz que se haya iniciado el debate sobre estos aspectos que son de capital importancia para la democracia y que deben ser aclarados por el Gobierno.