Bolivia está en un vórtice de degradación y oscurantismo preocupantes. La gran mayoría de instituciones y espacios públicos han sido tomados por ambiciosos y nocivos personajes. El partido azul, en su cuarto mandato, está a la deriva de la Constitución, la ley y la decencia. La ciudadanía, por su parte, está apática y cada día cree menos en la política; no les falta razón.

El expresidente Evo Morales, conocido mentiroso, se niega a ser juzgado por el caso Terrorismo. Miedoso de las investigaciones pendientes, se las da del nuevo “paladín anticorrupción”. Parece olvidar lo terriblemente corruptos que fueron sus gobiernos y la gran responsabilidad que tiene en relación a los problemas actuales del país. Arce Catacora, su escudero económico, continúa ahora con su nefasto legado.

Empecemos: El hijo del presidente parece estar repartiendo licitaciones ilegales a empresas energéticas rusas (sí, en plena invasión a Ucrania); mientras su padre está desaparecido o haciendo campaña adelantada. Al mismo tiempo, el Ministerio de Justicia, después de incidir en los espacios judiciales, no cesa en diversificar su consorcio de corrupción. Tanto es así que, mediante audios, se han encontrado indicios de tráfico de influencias en el Consejo de la Magistratura y hasta en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Está claro que la imparcialidad en este país no existe.

En otras instancias, Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, reprime a un mercado legal de la hoja de coca, mientras defiende la existencia de otro ilegal (Ley 906), infiltra inteligencia en protestas e inculpa absurdamente a jóvenes que salen a apoyar causas legítimas. De paso, deja que avasalladores y narcotraficantes hagan lo que les da la gana en todas las partes de nuestro territorio.

La Policía... no hace falta que escriba nada al respecto: está visiblemente putrefacta. Nada en el país avanza sin coimas y los “verdes” decentes son quitados de sus cargos o perseguidos por el fraude del 2019. Más crítico es que, intentando evitar los motines del 2019, el MAS quiere reforzar su control sobre la Policía con varias leyes intolerables. Primero dio la estocada con la Ley 1387 de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana, mediante la cual el ministro de Gobierno se transforma en la nueva cabeza de la institución. Después plasmó dos proyectos a la espera que son la ley de “Carrera de la Policía Boliviana” y la ley de “Procesos de Evaluación de Desempeño y Calificación para Ascensos dentro de la Carrera Policial”, ambos con la intención de socavar la independencia de la institución.

Misma cuestión, con leyes parecidas, están haciendo con la institución militar. Pasando por encima de toda norma, se aprobó la preclusión de las promociones 87 y 88 y se dieron ascensos fuera de lo establecido. Preocupante y mucho más cuando el gobierno maneja peligrosos e irregulares grupos de choque.

En aspectos internacionales, aparte de negarnos a condenar a todo gobierno abiertamente autoritario, Bolivia perdió el 100% de las demandas de arbitraje internacional, hecho lamentable que le costó, de momento, $us 810 millones. Ahora tenemos a puertas una contrademanda, la del Silala, que fue realizada sin análisis adecuado o cálculo político. Seguramente, en una seguidilla de patetismo, vayamos a perder nuevamente ante la CIJ. Mientras tanto, el canciller Mayta se la pasa de embajada en embajada diciendo incongruencias que abochornana la mayoría de los honorables embajadores del mundo.

Más allá de una falsa estabilidad económica, somos dependientes de nuestro oro y de la mal manejada coyuntura de recursos naturales, nuestras deudas internacionales son cada vez más insalvables y los préstamos realizados son destinados a cuestiones diferentes a las estipuladas. Nuestras reservas, además, han bajado dolorosamente desde el 2014. Pese al margen que todavía existe, no podemos confiarnos y el gobierno debe dejar de pensar a corto plazo. No por nada cuatro empresas estatales deben Bs 596,3 millones al Banco Central de Bolivia .

Edwin Characayo, exministro de Desarrollo Rural y Tierras, parte del primer gabinete de Arce, fue encontrado en flagrante delito de cohecho pasivo propio, recibiendo coimas en plena vía pública. Pese a tener sentencia condenatoria de ocho años de cárcel, la justicia del MAS decidió darle la comodidad del arresto domiciliario. Remy Gonzales, su suplente, está haciendo un papel lamentable en cuanto a los avasalladores. La Autoridad de Bosques y Tierras autoriza desmontes sin verificar el derecho propietario y el Instituto Nacional de Reforma Agraria entrega tierras fiscales a partir de un sistema de prebendalismo azul desvergonzado. Después de 10 años, hay 2,3 millones de beneficiarios que se han titulado, pero en el último censo apenas tenemos 800 mil unidades productivas. Hasta este punto la cifra debe ser más lamentable aún.

En términos educativos, Bolivia está especialmente mal. Aparte de tener un exministro, Adrián Quelca, que fue imputado y destituido por tráfico de exámenes, nuestro nivel educativo se muestra especialmente bajo a nivel internacional. Tan bajo que nos da miedo entrar a evaluaciones internacionales para medirlo. Amparados bajo falsos discursos de descolonización, se han aislado a nuestros jóvenes del mundo y se les ha cortado toda posibilidad de conocimiento. Nuestros profesores, por su parte, están lejos de tener la preparación que se requiere. Peor aún, nuestras autoridades, mediante tráfico de influencias, perjudican la designación de cargos directivos del sistema educativo. La brecha digital y el nulo plan a futuro son la guinda del postre.

La salud, más allá de una salvable vacunación, tiene un sistema deplorable. El altísimo nivel de empleo informal condiciona la existencia de seguros viables. Asimismo, pese a que la Constitución garantiza el acceso gratuito a la salud, la realidad diaria es muy distinta. La burocracia, como en todo, es un despropósito peligroso y condicionante que conlleva a la tragedia. En los centros médicos no existen los equipos necesarios y el acceso a los pocos que hay es de costos inaccesibles. La prevención, por otra parte, es casi inexistente y las clínicas privadas, más allá de nobles excepciones,facturan con la enfermedad. Las personas de la tercera edad y las que tienen cáncer viven experiencias impropias de la dignidad humana. Claramente no hace falta un artículo para que la gente se dé cuenta de lo mal que estamos en este apartado.

En deportes, asunto dependiente del Ministerio de Salud, a no ser por algunos notables individuos, la representación boliviana es de verdadero sonrojo. Relacionado al punto anterior, el programa Evo Cumple gastó, entre el 2011 y 2019, Bs 3.630 MM en canchas y 807 MM en salud. Aún así, nuestra selección de fútbol sigue saliendo penúltima o última en todo. Cielo Veizaga, nuestra joven viceministra del área, tiene nula capacidad y convicción para mejorar las cosas.

¿Cómo podemos avalar al Ministerio de Trabajo cuando más del 80% de la ocupación es informal? A esto se suma que todo emprendimiento está siendo, desde hace años, ahogado por impuestos y burocracia. No hablemos de la bajísima competitividad de nuestros productos en relación al resto del mundo, cuestión que se refleja en el índice global. Es una buena noticia para las empresas que no se aplique el doble aguinaldo este año, pero no quita que sea preocupante que más de medio millón de empleos sean parte del aparato estatal y que esta cifra esté en constante crecimiento. Debemos, sin lugar a dudas, diversificar nuestro sistema laboral.

El Ministerio de Culturas... ¿existe?

Aquí es donde entramos al entramado entre el Ministerio de Minería y el de Medioambiente, donde los mineros son amos y señores del país y donde su palabra, por muy injustificable que sea, termina siendo ley. El Servicio de Áreas Protegidas está bajo la dirección de Teodoro Mamani, un incompetente personaje que degrada el trabajo de los guardaparques y regala contento todas nuestras Áreas Protegidas. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera acaba de destituir a la segunda directora del curso, una por abuso de poder y la segunda por denuncias penales por coimas.

Visto lo visto, es realmente preocupante el nivel de irrespeto a la naturaleza, donde ya nos situamos como uno de los cinco primeros deforestadores del mundo. El Madidi, fuente de biodiversidad mundial ybelleza, ya está comprometido a canallas inescrupulosos.

Al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, se lo conoce más por lo que no hace que por lo que hace, dado que se ha negado a suscribir un convenio biministerial con el Ministerio de Gobierno para el uso de 13 radares en la lucha contra el narcotráfico. Las avionetas vinculadas a lo ilícito sobrevuelan el país de manera incesante. No por nada, a ojos nacionales e internacionales, nuestro país es fuente incontestable de droga (más allá de que Arce quiera negarlo).

En la Asamblea Legislativa, más allá de algunos “opositores” de dudoso proceder, el partido oficialista tiene a dos legisladores acusados de violación y violencia, con ambos todavía sesionando sin ninguna impunidad. Incluso tenemos a Deysi Choque, vinculada a los asesinatos de Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas. ¿Qué más necesitamos saber? Al final estos personajes no importan, son igual que todos los anteriores, levanta manos con poco o nulo criterio. Por si fuera poco, tenemos un Defensor del Pueblo y nuevos vocales del TSE elegidos a la mala y con mañas evidentes.

María Nela Prada, mano derecha de Arce y ministra de la Presidencia, anunció a principios del 2022 que este era el “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización con una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres”. Hasta ahora, se encontraron 1.363 niñas gestantes y sólo 253 (18,56%) accedieron a una interrupción legal del embarazo; 76 mujeres fueron cruelmente asesinadas; 90% de los agresores tenían antecedentes. De las denuncias de violencia es complejo dar una cifra, dado que al día este dato varía de manera importante.

En esa línea, en nuestra enajenación histórica, sumemos el posicionamiento de nuestra embajadora en Irán, que condenó las heroicas protestas ciudadanas en contra del abuso del régimen islamista. ¿Dónde quedaron las promesas y acciones del gobierno?

Por otro lado, en cuanto al viceministerio de Comunicación, diez entidades del gobierno suscribieron contratos por un monto de Bs 7.194.568 para publicidad y monitoreo en redes sociales, existiendo una diferencia disparatada entre los que reciben los medios afines y todos los otros medios. De paso, para más oprobio, se encontró que varias cuentas del Estado son controladas desde otros países.

El Ministerio de Obras Públicas tiene bastantes problemas propios. Primero, se verificaron coimas de Bs 18 millones pactadas entre el representante de la constructora Harbour Engineeringy la Administradora Boliviana de Carreteras para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez. Después, Boa, la empresa estratégica de aviación del Estado, a puertas de eliminar definitivamente toda competencia posible, está en evidente decadencia, y con un servicio cada vez más lamentable. Estamos, una vez más, aislados y en negativa comparación con otros aeropuertos internacionales de la región. No olvidemos, a todo esto, que el ministro Edgar Montaño tuvo que suprimir la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) y en su lugar creó la Entidad de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), esto por toda la crisis laboral que se le presentó.

El turismo, espacio extrañamente dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, está relegado. Tenemos uno de los países más hermosos y diversos del mundo y nuestro gobierno se dedica a maltratar a los turistas. Nuestro pasaporte, con el debido respeto, deja muchísimo que desear. Sólo se nos permite acceso sin visa a 80 países, mientras que Chile puede ir a más de 174 sin este requisito.En esta línea, dependientes mayoritariamente de este espacio, 12 firmas estatales registraron pérdidas por Bs 3.049 millones desde que fueron creadas hasta el mes de octubre de este año. De otras cinco empresas no se tienen datos.

Sergio Cusicanqui, ministro de Planificación del Desarrollo después de la renuncia de Gabriela Mendoza, está a cargo de realizar el Censo de Población y Vivienda. Este proceso inició mal desde sus albores, habiendo mentiras técnicas y varios aspectos mal planteados. Es una vergüenza absoluta que una cuestión tan definitoria para los departamentos sea postergada. La redistribución de recursos económicos y de espacios de representación legislativa deben estar acorde a la población. Debemos, por tanto, entender el más que razonable malestar de Santa Cruz y la estrategia fraudulenta que está aplicando el MAS, preocupado de que el área rural pierda su actual sobrerrepresentación. Todo esto más allá del papelón con el Banco Mundial, que estaba dispuesto a colaborar con el proceso este año. El censo, motivo de las actuales protestas, debe hacerse el 2023.

Hasta las universidades públicas, centro de conocimiento y esperanza, están bajo el toque azul, con dirigentes como Quelali manejando los centros estudiantiles desde la cárcel. No sólo él, también está Max Mendoza, que enloda a toda la Confederación Boliviana de Universidades. Tuvo que pasar la tragedia de la Universidad Tomás Frías de Potosí para apuntar en contra de estos dirigentes de quinta.

¿Qué entidad del país funciona bien? En todas tienes que pagar, esperar meses o años y rogar a que te toque un funcionario de buen humor. Con el mínimo poder y ya se creen con el derecho de condicionar burocráticamente tu vida. Claramente los ciudadanos también tienen la culpa de tanta desgracia.

Estos son los logros del MAS en 15 años, un gobierno y una sociedad ensuciada hasta el tuétano.