Si de algo ha servido el dilatado conflicto entre los dirigentes de Santa Cruz y el gobierno central es para confirmar una sospecha que los bolivianos teníamos desde hace por lo menos una década: que el censo de 2012 fue mal realizado.

Y la confirmación vino de labios del presidente del Estado, Luis Arce, en mensaje a la nación: “identificamos que en el censo de 2012 no se hizo la actualización cartográfica”.

Eso explica, en cierta medida, que su gobierno haya tenido un cambio tan abrupto en la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, que, por mandato del Decreto Supremo 4546, debía realizarse el 16 de noviembre de este año.

Es probable que, si hubiera sido lo suficientemente honesto, y habría informado sobre esa constatación en el momento oportuno, el conflicto por la fecha del censo habría tomado otra ruta, aunque no necesariamente distinta, pero, para ser amplios, hay que tomar en cuenta que revelarlo significaba poner en evidencia al gobierno del cual él formó parte, como ministro de Economía y Finanzas Públicas.

Sin embargo, hemos llegado a lo mismo: ahora sabemos que el último censo se hizo mal y, para confirmarlo, debió mediar una prolongada huelga, enfrentamientos, violencia desmedida y, según datos del propio gobierno, la muerte de cuatro personas.

¿Qué pasará con la huelga de Santa Cruz? Eso lo decidirá su cabildo, pero queda claro que, una vez que pase este conflicto, nada volverá a ser igual entre ese Departamento y el gobierno central. Chuquisaqueños y potosinos sabemos cuál es la conducta del MAS luego de que se supera un conflicto: tras las pugnas en la Asamblea Constituyente y las largas huelgas potosinas, ambas regiones somos consideradas “enemigas del proceso” y así es como nos tratan hasta hoy.

Santa Cruz ha vivido lo que nosotros en su momento: el ataque de grupos de choque y la complicidad de la policía que no solo permitió agresiones, ante sus propios ojos, sino que en ocasiones se sumó a las mismas. Cuando eso pasó en Sucre y Potosí, pedimos que el país lo vea y se pronuncie, pero en el resto de Bolivia se observó en silencio.

¿Se investigará la violencia desmedida? ¿De verdad que se dejará pasar, si más ni más, que a una persona se le haya extirpado el corazón en uno de esos ataques? Aunque eso sea ajeno a la pugna política, y esté vinculado a la criminalidad expresa, no solo debe sancionarse con el máximo rigor, sino que se debe determinar por qué los niveles de violencia han subido tanto… algo está pasando.

Y todo esto ha conducido al presidente a admitir que el censo de 2012 fue mal hecho, o por lo menos se lo hizo incompleto, puesto que no se había actualizado la cartografía.

Aunque han pasado 197 años de su fundación, Bolivia es un país sin límites definidos. A lo largo y ancho del país existen conflictos entre municipios, comunidades y pueblos indígenas por la falta de definición de límites territoriales. Uno de los más conocidos, y que explosionará a consecuencia de la distribución de los beneficios del litio, es el del Salar de Uyuni, en la mínima porción que se aproxima a Oruro, que la reclama como suya. Con esos antecedentes, ¿cómo fue que se hizo un censo sin saber, con precisión, de dónde y hasta dónde estaban los diferentes asentamientos de personas?

El detalle no es mínimo, ni anecdótico. Si, como públicamente lo dijo, Evo Morales “le metió nomás” un censo con información incompleta, creó una base de datos errada, y eso incluye no solo a la cantidad de habitantes en relación al territorio, sino a las dudas que cada vez son mayores en torno al padrón electoral.

Por tanto, sea en 2023 o en 2024, el próximo censo tiene que servir para corregir ese y otros errores.