Es cierto que la democracia es un grupo de reglas plasmadas, la mayoría de las veces, en constituciones y normas electorales, pero también es un conjunto de disposiciones no puestas sobre el papel. El historiador político británico James Bryce afirmaba que no son las constituciones las que garantizan el funcionamiento político de un país, sino las reglas no escritas, aquellas que prescriben el buen juicio al usar el poder. Cuando esto no ocurre, las instituciones, creadas para ser los guardianes de la Constitución y la democracia, y marcar límites al gobierno de turno, se convierten en aliadas de presidentes que allanan el camino a gobiernos autoritarios.

El expresidente Evo Morales, cobijado en su amplia mayoría parlamentaria, extendió su dominio (poco a poco durante sus mandatos) sobre los demás poderes del Estado y anuló cualquier organización que considerara peligrosa para su gestión. Cargó contra líderes de derecha y de izquierda, contra medios de comunicación y, paradójicamente, también contra algunas organizaciones indígenas.

Esta lógica no cambió con Luis Arce. En septiembre de este año, la bancada del MAS, aprovechando que un grupo de parlamentarios opositores se encontraba de viaje, cambió el orden del día y eligió al nuevo Defensor del Pueblo, un personaje del cual se tienen sospechas de afinidad con el partido oficialista. Esta ausencia de frenos y contrapesos al ejercicio del poder ha ido acompañada de un lenguaje sin límites.

Bolivia está viviendo actualmente un conflicto en torno a la fecha de realización del censo de población y vivienda, debido a que el gobierno propone que se haga en 2024, y la oposición de Santa Cruz, en 2023. Este asunto ha servido para que los políticos saquen a relucir su notable capacidad para lanzar improperios.

El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Eber Rojas, desafió a pelear a “puño limpio” al gobernador de Santa Cruz, Luis F. Camacho, a quien amenazó con matarlo junto al presidente de la entidad cívica cruceña. Por su parte, el gobernador, bajo la mirada atenta y piadosa de Cristo redentor, tildó al presidente Arce de cobarde ante una multitud.

Pero lo preocupante no es eso, dado que es sabido que la política es un imán de personas de ilimitadas ambiciones y pocos escrúpulos; lo preocupante es que esto ya no sea condenado, sino festejado por los seguidores de los caudillos. La clara amenaza de muerte del líder sindical no despertó ninguna censura de su organización y ni siquiera de la justicia. Por el contrario, fue el clarinete de salida de grupos afines al MAS con un cerco y marcha hacia la ciudad de Santa Cruz para pedir la renuncia de Camacho.

Por su parte, el calificativo del gobernador de Santa Cruz al presidente Arce fue visto por las bases cívicas cruceñas como un acto de hombría y sinceridad. Para muchos, una muestra del “ser” cruceño.

De forma recurrente consideramos que la democracia necesita de institucionalidad, como si las reglas y su cumplimiento fueran suficientes para detener el deterioro democrático. Lamentablemente no es así. Muchos de los líderes autoritarios han llegado al poder cumpliendo a cabalidad todas las reglas de la democracia, pero luego han procedido a dañarla por dentro. Esto pasa, incluso, en democracias “consolidadas” como Estados Unidos y en buena parte de Europa. Parte de ese daño se debe justamente a la falta de respeto por las reglas no escritas de la democracia.

Rotas las normas que buscan evitar el uso del poder de forma desmedida, solo quedan las calles como espacios de resolución de conflictos. Una vez que se resquebraja toda mesura y juicio sobre la propia fortaleza, cualquier intento de negociación o pacto se hace imposible. Solo queda la imposición, la violencia y la falsa idea de triunfo. La victoria en un campo de batalla “es una ilusión de imbéciles”, decía Faulkner. Y tenía razón.

Luis Arce sigue el camino de Morales

Finalmente, ¿ha cambiado la lógica de ignorar las reglas no escritas de la democracia con Luis Arce? Muy poco. Varios personajes que emergieron en la coyuntura de 2019 y que el gobierno considera como autores del “golpe de Estado” siguen detenidos. Se han abierto procesos judiciales a exfuncionarios como la exalcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, actualmente detenida, y al exalcalde de La Paz, Luis Revilla, actualmente en la clandestinidad. Y el combativo comité cívico de Potosí ha sido intervenido por las fuerzas del orden, y sus líderes han sido acusados judicialmente.

Estas acciones son más un ajuste de cuentas con los líderes que apoyaron la movida ciudadana en contra del MAS que una correcta aplicación de la ley en contra de exfuncionarios corruptos. Esto queda en evidencia cuando el gobernador del departamento de Potosí goza de plena libertad y continúa en funciones pese a las pruebas de corrupción que existen en su contra. También lo muestra el evidente retraso en el inicio del juicio a un exalcalde de Cochabamba, quien es afín al partido de gobierno.

Por tanto, las causas para el malestar de una buena parte de la población no se han borrado. La lógica de concentración del poder, la tutela del poder ejecutivo al poder judicial, la selección de funcionarios mediante criterios de afinidad al gobierno y el apañamiento de la corrupción de los burócratas del MAS continúa.

En sus dos años de gestión, Luis Arce ha tenido que sortear varios conflictos en los que solo hacía falta voluntad política para resolverlos. En el actual conflicto por la fecha del censo, Arce, al igual que Evo, persiste en la idea de negar la existencia de una ciudadanía crítica con su gobierno y se resiste a aceptar sus sugerencias y demandas. Aunque ya no es Evo el que manda; su estilo de gobernar se mantiene.