El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Enríquez Cuellar anunció que pedirá una auditoría al Censo de Población y Vivienda que se realizó durante la gestión del expresidente Evo Morales en 2012 y advirtió un juicio de responsabilidades contra el exmandatario por ejecutar la encuesta nacional sin una actualización cartográfica.

Cerca de la medianoche de la pasada jornada, el jefe de Estado, Luis Arce, ofreció un mensaje presidencial para anunciar que el 23 de marzo del 2024 se ejecutará el empadronamiento nacional. Durante su discurso explicó los argumentos de la reprogramación del Censo que debía realizarse el 16 de noviembre de esta gestión.

"Establecimos que el Censo de Población y Vivienda se realizaría el 16 de noviembre de 2022, se realizaron tareas necesarias para avanzar en este sentido, sin embargo, en esta etapa identificamos que en el censo de 2012 no se hizo la actualización cartográfica", dijo Arce en su mensaje presidencial.

El jueves pasado, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló que el empadronamiento del 2012 fue planificado y ejecutado en 10 meses; además, en conversaciones privadas, Morales habría dicho que él podría hacer el censo en seis meses para poner fin al conflicto social que se arrastra desde hace 22 días.

“Han hecho un mal censo, creo que aquí tiene que haber un juicio de responsabilidades contra Carlos Romero, contra el señor Evo Morales (…). Se tiene que pedir una auditoria, nosotros como diputados lo vamos a hacer, al censo que ha realizado Evo Morales y toda la responsabilidad del peso de la ley tiene que caer”, advirtió el legislador del MAS esta jornada.

Cuellar adelantó que la auditoría comenzará a solicitarse por escrito desde el lunes próximo y posteriormente se tomarán acciones legales. Además, resaltó que el Censo del actual Gobierno es serio y garantiza datos de calidad.

El departamento de Santa Cruz lleva adelante el día 22 del paro indefinido en reclamo para que el Censo se ejecute el 2023 y que los resultados oficiales garanticen un nuevo mapa político-electoral en las elecciones generales del bicentenario. Hasta el momento se calcula un perjuicio de casi 800 millones de dólares por el freno de las actividades económicas por las tres semanas de la medida extrema.