El presidente Luis Arce metió en la congeladora el nuevo decreto con la fecha del próximo censo y lo hizo mientras el paro indefinido de Santa Cruz, que exige la encuesta para el 2023, llegó a la emblemática marca de los 21 días.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció, en este contexto, un nuevo cabildo. Allí se tomarán otras medidas “en conjunto con toda la población cruceña”, apuntó el líder cívico ayer por la tarde. 

Calvo señaló el martes para esa actividad, pero más tarde, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, dijo que la asamblea será domingo, dada la urgencia de resolver el actual conflicto.

El Comité Interinstitucional había analizado ayer esos escenarios. Revisó el informe de la última mesa técnica que organizó el Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística (INE) en Trinidad.

“Técnicamente se demostró que el censo era posible en 2023”. Pero, “lamentablemente hemos hablado contra una pared y no hemos tenido la receptividad que esperábamos”, apostilló Cuéllar.

Sobre esta base, la autoridad académica anunció que liderará una huelga de hambre a la que se sumarán otros miembros de la Universidad, además del equipo técnico que trabajó en la propuesta técnica para que el INE reajuste el calendario del próximo censo, cuya aplicación estuvo fijada, inicialmente, para este año. 

“Como grupo de la universidad nos vamos a declarar en huelga de hambre este fin de semana, porque consideramos que también nosotros podemos aportar, desde esas acciones, para sensibilizar al Gobierno que escuche la voz de un pueblo que se está sacrificando, pidiendo censo 2023”, afirmó.

El miércoles, al llegar de Trinidad, Cuéllar ya había señalado que era momento de que las autoridades puedan sacrificarse.

“El pueblo tiene la palabra. Es el pueblo el que ha determinado que el censo se haga el 2023; sin embargo, los líderes no pueden estar solamente mirando de palco y no pueden estar solo mirando de palco o circulando en algunos vehículos. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y sacrificarnos por el pueblo”, deslizo el rector en Viru Viru, antes de la reunión que sostuvo ayer con los integrantes del Comité Interinstitucional, una entidad que está activa desde abril de este año.

La mesa técnica de Trinidad fue anunciada tras un fallido acercamiento entre el Gobierno y las instituciones que demandan el censo para el próximo año. Arce anunció que tras la reunión iba a fijar la fecha de la encuesta. La mesa técnica, en la que participaron 41 delegación de todo el país, se cerró el martes y hasta ayer no se hubo el anuncio presidencial.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, anunció ayer que “en unas horas” se iba a conocer la decisión de Arce a través de un nuevo decreto. La norma debe reemplazar al Decreto 4760 con el que se postergó el operativo censal hasta un día entre mayo y junio de 2024. José Luis Santistevan, asesor del Comité Interinstitucional, señaló que “han pasado cuatro meses desde que se aprobó ese decreto y el Gobierno sigue dilatando el conflicto”.

La demanda de Santa Cruz fue planteada porque, con un censo en 2024, los resultados debían presentarse en 2025, el año de las próximas elecciones nacionales.
Con esos plazos, la distribución de recursos que el Estado otorga en función de la cantidad de habitantes iba a demorar. Además, la asignación de nuevos escaños en la Asamblea Legislativa corría el riesgo de postergarse hasta 2030, cuando debe comenzar el siguiente periodo constitucional. 

“Pero, ahora se atiende demanda de Santa Cruz para que los datos lleguen lo más pronto posible, porque también es la demanda de otras regiones por contar con los recursos de la coparticipación”, afirmó el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, quien recordó que el Gobierno adelantó la entrega de los primeros resultados de la encuesta en octubre de 2024.

Santistevan hizo notar que esa oferta aún no se puede concretar porque “sigue vigente el Decreto 4760”, mientras el presidente no presente la norma que vaya a reemplazarlo. La autoridad insistió que “en los próximos días” se conocerá la decisión de Luis Arce.

“El tiempo va pasando. Cuando Santa Cruz propuso, en el cabildo, que el censo era en junio de 2023 y ahora, en la mesa técnica, se propuso que sea en octubre de ese año, pese al mandato de ese cabildo”, afirmó Ruiz, respecto a las consecuencias de esta demora.

Pero, mientras el Comité Interinstitucional sesionaba ayer, a la espera del nuevo decreto, la ministra de la Presidencia, María Nela Prado, formuló una extensa declaración para la prensa en la que responsabilizó a los líderes de las instituciones cruceñas por cuatro personas que fallecieron en el contexto de las protestas. “Sus manos están manchadas con sangre”, afirmó la autoridad y declaró que ya no era tiempo de mantener el silencio frente a lo que considera es “una dictadura cívica”.

La ministra también culpó a los líderes del Comité Interinstitucional de una violación, cuya investigación se tramita en reserva, y 178 personas heridas durante las protestas asociadas al paro. La autoridad no mencionó el Decreto ni fijó postura sobre la fecha del censo sobre la que existe expectativa no solo en Santa Cruz, sino en el resto del territorio nacional.

“Desde el primer día hemos tomado acciones y pedimos a todas las instancias llamadas por ley (Policía y Fiscalía) a actuar con celeridad para que se haga justicia y estos hechos nunca más vuelvan a repetirse bajo el slogan de paro cívico pacífico, estas situaciones no pueden normalizarse, no se pueden invisibilizar”, afirmó.

“Pese a este régimen del terror que se pretende instalar desde la Gobernación de Santa Cruz, el gobernador (Luis Fernando Camacho), sus asesores y algunos miembros del Comité pro Santa Cruz, miembros de este grupo paramilitar de la Unión Juvenil Cruceñista, valoro a quienes hoy han levantado la voz”, remarcó.

Desde Sucre, la Fiscalía emitió un pronunciamiento para investigar todos los casos denunciados “sin descartar ninguna hipótesis”.

“Son una tropa de mentirosos”, respondió Camacho. “Aquí solamente hay un responsable y es el presidente, que no tiene ni la capacidad, ni la voluntad política para solucionar los problemas de una región, pero que es el beneficio para todo el país”, sostuvo el gobernador ante los periodistas.

Ya por la noche, el médico Reinerio Vargas, vicerrector de la Uagrm, participó de una multitudinaria marcha de protesta que recorrió, durante más de dos horas, el Cuarto Anillo para terminar en la Villa Primero de Mayo. “Si voy a la cárcel, iré feliz porque estoy luchando por esta tierra que amo. ¡Por esta tierra lo doy todo!”

“Necesitamos los datos del censo no amenazas, señora ministra. Se debe saber dónde construir un hospital. El centralismo hizo canchas donde no se necesitan; aeropuertos que no sirven. Con los datos del censo se sabrá dónde hacer las obras importantes y no solo en Santa Cruz”, remarcó.

La autoridad afirmó que desde hace un año el Gobierno no respondió a los pedidos de información de la Universidad. “No somos políticos, señora ministra, pero ahora desconfiamos del Gobierno porque no ha entendido esta demanda. Hay que tener datos claros para evitar que las personas dejen el campo y vengan a la ciudad. Los indicadores son terribles y no se han dado cuenta porque no están capacitados y pueden seguir mintiendo, esta lucha no va a terminar con mentiras, montajes y presos”, puntualizó el Vicerrector durante el mitin. En ese marco, comprometió el respaldo de toda la Universidad para llevar propuestas al próximo cabildo. “Iremos con propuestas, porque no podemos ser cobardes en estos momentos”, sentenció.