El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) analiza aún esa medida legal presentada por legisladores del oficialismo y oposición en septiembre pasado.

Además, varias organizaciones e instituciones de la sociedad civil realizaron grandes concentraciones y marchas en distintas regiones del país para expresar su respaldo a la repostulación de Morales como candidato en los comicios de 2019.

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, dijo que las concentraciones que se realizaron en pasados días demostraron la fortaleza y el liderazgo del mandatario indígena y el proceso cambio que encabeza.

“El proceso de cambio radica en los movimientos sociales y eso se demostró en las concentraciones, que por cierto fueron pacíficas, democráticas, demandando la repostulación”, dijo.

HARÁN UNA CONCENTRACIÓN DE CIERRE EN COCHABAMBA

Según dirigentes, el 16 de diciembre concluirán las concentraciones en la avenida Blanco Galindo de Cochabamba, a la espera de que el TCP emita su fallo.

El TCP admitió el recurso abstracto de inconstitucionalidad en septiembre. El plazo para emitir la respuesta es de 60 días.

La oposición cuestionó al TCP por admitir el recurso, cuando sabe que no tiene competencia para pronunciarse sobre la inaplicabilidad un artículo de la Constitución Política del Estado.

ARCE: EL 21-F Y ACCIÓN LEGAL NO SON LO MISMO

Santa Cruz | EL DEBER

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, dijo en una entrevista en El Deber que en el caso del 21-F, el proceso de reforma constitucional que se planteó y que generó el referéndum del 21 de febrero del año 2016 es una cosa muy separada, muy diferente, a la acción de inconstitucionalidad que han presentado parlamentarios del oficialismo.

Según Arce, en el primer caso estamos hablando de una reforma constitucional que concluyó, como dice la Constitución, en un referendo, que fue manipulado. “Una manipulación de la voluntad popular basada en mentiras. En el segundo caso, estamos hablando de una acción constitucional que se basa en la Constitución Política del Estado, se basa en un artículo que establece la primacía de los derechos por sobre la propia”, afirmó.

Siguió: “Estamos hablando de una acción que se basa de una experiencia que se ha dado en otros países: Nicaragua, Costa Rica, Honduras. Estamos hablando de un procedimiento jurídico-constitucional”.