El gobierno tiene motivos muy íntimos y suyos para atrasar el censo, cuanto pueda. Aseguró que a finales de 2022 se llevaría a cabo, para lo que el INE tenía todo preparado. Sin embargo, de pronto se contradijo y sostuvo que las dificultades eran muchas. Mencionó que no se disponía de la cartografía y que los límites departamentales y provinciales no estaban definidos. Extraña, en todo caso, que en 15 años de gobiernos de Evo Morales y Luis Arce no se diera solución al tema. Los cálculos políticos del oficialismo –que han primado y priman— son el verdadero impedimento. El gobierno, pues, traslada el censo al año 2024, postura que al presente parece haberse modificado en pocos meses.

Las íntimas razones del gobierno radican en lo económico y político. Entre los efectos del censo, le aterra tener que deshacerse de una parte del sustancioso casi 90% de los ingresos nacionales y de participación tributaria, pero lo demanda todo el país y cobrará vigor por el Pacto Fiscal.  Enorme porcentaje del cual el gobierno se lleva la “parte del león” y deja lo deducido para los nueve departamentos. Es un reparto abusivo e intolerable.

A Luis Arce y compañía le quita también el sueño la merma de escaños en diputados para el MAS, como uno de los posibles efectos del empadronamiento. Se comprobará una fuerte migración interna, con incremento de población en algunos distritos y la consiguiente pérdida en otros. Santa Cruz será el exponente nacional de este fenómeno y ya adelanta que deberá recibir un fuerte aumento presupuestario. Si, como otro efecto, el oficialismo pierde posiciones en el Legislativo, se lo enrostrará directamente a Luis Arce, muy a gusto del ex presidente Morales. Mermarán notablemente las expectativas reelectorales del Primer Mandatario.

El paro asumido por la gobernación y el Comité Pro Santa Cruz se debe a las estrategias dilatorias gubernamentales para postergar el censo, reiteramos, a pesar de que las propias autoridades habían anunciado varias veces que se lo realizaría en 2022. Lo cierto es que la población cruceña asume semejante sacrificio con notable valentía y fuerza. Por su parte, el gobierno padece la psicosis de un “golpe de Estado” o es un pretexto. Un golpe es una imaginación imposible, pero se castiga a Santa Cruz con acciones violentas por parte de grupos afines al MAS. La invasión de policías y gente transportada de otras regiones es un procedimiento provocativo. Peor aún es el cerco para impedir el ingreso de alimentos y de otros insumos, lo que ante cualquier mirada constituye un genocidio. Así de fría y grave es la represión a la región oriental que pide la realización del censo en 2023. Debe cesar la violencia en contra de quienes asumieron, después de un multitudinario cabildo, entrar en paro como medida para lograr su objetivo a favor de todo el país.