En Bolivia, se dice que octubre es un mes de violencia para los bolivianos. La referencia inmediata es la crisis de octubre y noviembre de 2019 en la que, por sospechas de fraude y manejos arbitrarios en el cómputo de votos en las elecciones generales de ese año, además de una aguda polarización en el país, el gobierno de Morales cae y una facción minoritaria del congreso boliviano asume la presidencia del país. Pero también están octubre y noviembre de 2021, crisis en la que el surgimiento del conflicto tiene origen en Santa Cruz por la abrogación de la ley 1386, o “la guerra del gas” en octubre de 2003, que fue el fin de un sistema de partidos.

Pero no solo es la violencia la que es común a esos octubres en Bolivia. También es el hecho que, en todos ellos, la sociedad civil organizada se enfrenta a un gobierno. En 2003, fue una importante facción en, sobre todo, El Alto. En 2019, si bien iniciado en Santa Cruz, el conflicto fue replicado en todas las capitales del país. En 2021, principalmente en Santa Cruz y, en 2022, de nuevo, en Santa Cruz. Además del hecho que grandes grupos de la sociedad civil se organizan, demandan y presionan a quienes están gobernando, son momentos en los que salen a la luz problemas estructurales que no se han solucionado, y curiosamente, que se replican en otros coyunturales. Me explico: en El Alto, no solo se discutían mejores condiciones de vida a partir de una adecuada distribución del gas boliviano, sino también el agotamiento de un sistema político que negaba representatividad a enormes porciones del país, una corrupción a gran escala, y la necesidad de un nuevo acuerdo social como problemas estructurales, mientras que los problemas coyunturales iban desde la militarización de la ciudad de El Alto, que sectores de campesinos, cocaleros y mineros se sumen a las protestas y la represión de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, con más de 60 muertos como resultado.

Como en la Guerra del Gas, la crisis de octubre y noviembre de 2019 muestra que cuando se multiplican los problemas coyunturales, un momento de cambio se aproxima. Por ejemplo, el sistema de partidos en 2019 reproducía -reproduce- la presencia de un partido dominante, la sociedad estaba -está- polarizada, el racismo no se había solucionado (hoy, tampoco), y el manejo institucional era, y es, deficiente. Estos problemas estructurales fueron replicándose en coyunturales, que iban desde la aparición de plataformas ciudadanas, polarización, demandas no solucionadas en la policía boliviana que derivan en motines policiales, suspensión del conteo del TREP, quemas de instituciones públicas, desconfianza en instituciones públicas y autoridades políticas, así como hechos violentos que rayan en motivos raciales. Por todo esto es que la violencia en Santa Cruz de 2021 como en 2022, no significa un momento de cambio como en 2003 y 2019. La historia política reciente en Bolivia demuestra que, a pesar de lo volátil, un cambio se da siempre y cuando exista una acumulación de problemas, coyunturales, sobre todo, y un gobierno que es rebasado por un cuestionable manejo de los conflictos. Por ahora, la conflictividad está focalizada en Santa Cruz.

Lo anterior no deslegitima los pedidos desde Santa Cruz y gran parte de la oposición boliviana. De hecho, es cuestionable que a pesar de que el último Censo de Población y Vivienda del año 2012, el Instituto Nacional de Estadísticas haya cambiado muy poco, y que, mientras los Institutos de Estadística en el resto de países latinoamericanos hayan acortado la entrega de resultados provisorios y transformado el recojo de muestras, en Bolivia las propuestas de las partes en conflicto debaten la entrega de resultados entre 6 a 8 meses (ver, por ejemplo, los casos de Argentina, Chile, Perú, y Uruguay, para el 2023).

Aunque, por la poca cultura estadística en el país, la migración de centros rurales a urbanos, y la escasa actualización cartográfica, es probable que los datos no vayan a ser precisos. Pero esta es una muestra de un panorama más amplio. Por ejemplo, no hay avances en las recomendaciones del Informe GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo que respecta a la reforma de la justicia, combatir el racismo y el uso de grupos que usurpan funciones públicas es igual de caótico que en 2019. Los “grupos de choque” abundan en las calles de Santa Cruz, y son tan violentos como en 2019, independientemente del bando en conflicto (de hecho, el uso de recursos estatales en contra de la población que protesta, ha sido cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los últimos días), y el Estado boliviano ha hecho muy poco frente a problemas como la explotación de oro y la contaminación ambiental, el problema de las tierras en el oriente boliviano, y casi 60% de la población boliviana considera que la corrupción aumenta en el país, que además se encuentra en el puesto 128 de 180, según Transparency International.

Podría resumirse así: a pesar del 2019, el gobierno boliviano ha hecho muy poco para estabilizar el país, y solo acumula problemas. Si las posiciones entre Santa Cruz y el Órgano Ejecutivo son tan radicalizadas, también es cierto que más actores se suman a las demandas del primero, como transportistas, cocaleros en Yungas, o Comités Cívicos en Potosí, Tarija, Beni, Chuquisaca y Cochabamba (aunque no con la misma fuerza que en 2019 ni con la misma importancia que en Santa Cruz). Y si los problemas se acumulan, con un gobierno que no afronta los temas estructurales, la conflictividad podría durar al menos unos 4 años más. Es decir, en tanto que las partes enfrentadas acuerden la distribución de recursos económicos. Cuando exista un Pacto Fiscal, que no podría ser el 2024 que es cuando se publican los resultados del Censo, ni el 2025, que es cuando hay elecciones generales, ni el 2026, con elecciones subnacionales en Bolivia.

Es un panorama muy difícil, porque también se suman los problemas internos del MAS, la reducción de los ingresos por hidrocarburos, el aumento del déficit fiscal, el aumento de la deuda externa, la disminución de las reservas internacionales y la ya, inevitable, oposición no partidaria. Suena básico, pero si Arce Catacora quiere evitar una crisis, debe evitar que se acumulen los problemas coyunturales. Porque está claro: es un gobierno que no va a solucionar lo estructural.