Aunque el Gobierno se había comprometido a definir el año de realización del censo, con la máxima premura, en la mesa técnica de Trinidad, está claro que esa determinación se dilata cada vez más, de tal manera que no se sabe cuándo se conocerá la decisión final, mientras continúa el paro indefinido de Santa Cruz.

Hay serias contradicciones al respecto entre las autoridades gubernamentales. 

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, ha informado que las exposiciones y discusiones técnicas posiblemente se prolonguen por cinco días más, con la finalidad de arribar a una conclusión que, como ya se ha anunciado, tendrá carácter vinculante. 

La directora de Censos y Encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE), Martha Oviedo, en cambio, ha informado que la mesa técnica se ha dividido, a su vez, en otras tres mesas, para avanzar de manera más efectiva el trabajo y que hoy, en la celebración de las plenarias, posiblemente se conozca la definición sobre el año en que se realizará este empadronamiento general. 

Sin embargo, el Gobierno, hasta ahora, no se contradice en cuanto a señalar que las cuatro propuestas para el censo en 2023 son inconsistentes, que hasta ahora no se ha demostrado que sean factibles y que, por el contrario, la falta de desglose de sus actividades y de rigurosidad no hacen otra cosa que ratificar el censo para 2024, según el calendario definido por el Ejecutivo. 

Mientras los planteamientos para adelantar el censo son sometidos a rigurosos exámenes, el cronograma del Gobierno, al parecer, no necesita ser demostrado y tiene el sitial de una verdad revelada. En consecuencia, todo apunta a una conclusión: que el censo se realizará en 2024, como quiere el poder. Y si esto se confirma, quedará también demostrado que la finalidad no era escuchar ni buscar y menos encontrar una fecha de consenso, sino dilatar esta crisis con el fin de debilitar el paro indefinido de Santa Cruz.

Tanto la ampliación de las discusiones a puerta cerrada, sin que medios, periodistas y la ciudadanía puedan participar, como la creación de nuevas mesas de la mesa —parece un galimatías, pero es lo que ocurre en Trinidad— reflejan la intención de prolongar las discusiones, es decir, de dilatar la resolución del conflicto. 

Pero se trata de un mal cálculo, si se considera la reafirmación de Santa Cruz de radicalizar la protesta para que el censo se realice en 2023. 

Esta dura lucha, que va más allá de la redistribución de recursos coparticipables y de escaños en la Cámara de Diputados, dejará heridas difíciles de curar. 

El poder ha actuado con desproporción ante una protesta justa y racional, al admitir que sus partidarios se excedan y lancen amenazas de muerte, tomen y bloqueen empresas, se pretenda expropiarlas, se limiten las exportaciones que han convertido a Santa Cruz en una región económicamente exitosa, se tiendan cercos con alambrada de púas y se traslade a funcionarios para reuniones que buscaban contrarrestar la legitimidad de una institución constitucional como el cabildo. Resuelto el conflicto, ¿cómo cicatrizarán estas heridas, que a medida que se prolonga el conflicto se profundizan cada vez más?