Medio: El Deber
Fecha de la publicación: martes 08 de noviembre de 2022
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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Tal como se temía, el paso de los días sin resultados en Trinidad está confirmando que el Gobierno de Luis Arce apostó a la dilación con esa nueva reunión a la que le ponen el adjetivo de ‘técnica’, que en realidad es política, porque obedece a una estrategia política para tratar de encontrar argumentos y hacer presión, de manera que se imponga la posición gubernamental, esto es, censo el 2024.
Los detalles del cronograma se pueden resolver fácilmente por una razón muy simple: si hasta hace cuatro meses este mismo Gobierno decía estar en condiciones de que el censo se realice el 16 de noviembre de este año, es decir dentro de una semana, entonces no existe ninguna duda de que se puede hacer dentro de un año, en 2023.
Por eso la fecha del censo es una cuestión política y no técnica. El intento de alargar la discusión en Trinidad y fijar plazos largos esconde una táctica para cansar al pueblo cruceño que hoy ingresa al día 18 de su paro indefinido.
Sin embargo, así como en los intentos de negociación el Ejecutivo ha demostrado que no tiene operadores efectivos con capacidad de dialogar y llegar a acuerdos, la presunta creencia de que los ciudadanos en paro terminarán por cansarse y volverán a sus actividades normales implica que en su entorno Luis Arce tampoco tiene colaboradores que hagan lecturas correctas de la realidad.
Cualquier político medianamente experimentado sabe que después de 18 días de paro ningún pueblo se va a ir a su casa con las manos vacías. Y menos Santa Cruz, que tiene mucha paciencia, como la tuvo durante tres semanas de paro en 2019.
Si hubiera un pensador medianamente lúcido en la Casa Grande del Pueblo, sabría que mientras más días transcurran en una crisis, más irreductible es la expectativa de quien hace la movilización. Finalmente implica desconocer por completo al pueblo cruceño: las personas que están movilizadas en las rotondas, avenidas y calles se sacrifican, pero no la pasan mal. De tan frecuentes que se han vuelto sus salidas a la calle para protestar, han aprendido a encontrar las formas de matar el tiempo de una manera útil y hasta divertida.
Desconocen, finalmente, la condición de combatividad silenciosa y pacífica pero irrenunciable del pueblo cruceño. En este caso en particular, el Gobierno se ha esforzado mucho y con ‘éxito’ en hacer crecer su impopularidad en Santa Cruz con varias torpezas que pasarán a registrarse en el inventario de agresiones a la región.
Entre ellas están el criminal cerco que llevó adelante en alianza con sus grupos de choque y que le resultó completamente contraproducente; el cerco a la refinería de Palmasola donde confluyeron en la organización el ministro de Gobierno, Eduardo del Castilllo, la propia YPFB y la complicidad de la Policía; y el cerco al vertedero de residuos sólidos por más de ocho días, entre otros malos antecedentes que el pueblo cruceño probablemente no olvidará.
Incluso miembros de su propio partido han aplazado a Luis Arce en su gestión del conflicto por el censo. El diputado Héctor Arce, del MAS, calificó de ‘insulso’ el debate ‘técnico’ de Trinidad, y dijo que se está alargando la definición para ‘ocultar la corrupción, las denuncias de narcotráfico y minimizar la fractura que hay en el MAS’.
Un atisbo de inteligencia, después de tantos desaciertos, tendría que llevar al presidente Arce a anunciar hoy, durante su informe de gestión en la Asamblea, que tomó la decisión de que el censo se haga el año 2023. Eso desactivaría el prolongado conflicto. Pero es poco probable que lo haga. Más puede la ceguera política de su gestión.