El conflicto y la tensión social por el Censo 2023, cuya reivindicación nació en el departamento de Santa Cruz, se extiende a Tarija y Cochabamba que ayer, por separado, registraron movilizaciones. Otras regiones pospusieron la idea de paro movilizado hasta el miércoles, mientras que el transporte pesado nacional mantiene la amenaza de bloqueo de carreteras y frontera. En Santa Cruz persiste la falta de combustible, que frena las actividades agrícolas e impide restablecer la logística de transporte y comercialización de alimentos. 

El primer día de paro cívico en Tarija fue contundente. Se instalaron al menos cinco puntos de bloqueo en la urbe, pero se registraron enfrentamientos con afines al MAS que intentaron despejar las vías en el puente San Martín, el exzoológico, la avenida Paz a la altura de la universidad Juan Misael Saracho, la rotonda del Moto Méndez y la posta municipal, todos ellos clave en el acceso al centro de la ciudad. 

Con pancartas, ciudadanos exigieron que el censo se realice en 2023, y manifestaron su apoyo al paro que hoy cumple su décimo octavo día en Santa Cruz. De forma paralela a los bloqueos, la Federación de Maestros Urbanos de Tarija protagonizó una movilización en apoyo al paro cívico indefinido.

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental del Autotransporte, Gabriel Pérez, afirmó que ese sector no acata el paro porque en un ampliado nacional decidió dar un plazo de 72 horas (hasta el miércoles) a las autoridades gubernamentales para que decidan sobre la fecha del censo.

Agregó que este sector prevé un paro de 24 horas movilizado el jueves en todo el país, en caso de no tener respuesta oportuna del Gobierno nacional.

Asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) y representantes cívicos de Cochabamba instalaron ayer dos piquetes de huelga de hambre exigiendo censo en 2023.Los diputados Miguel Roca, María José Salazar y Lissa Claros activaron su protesta en el salón multipropósito de la Asamblea; a la par, cuatro personas comenzaron similar acción en la Iglesia San Francisco. “No querer hacer el censo en 2023 no es un tema técnico, es político.

 El Gobierno tomó la decisión política de no querer hacerlo y debe revertir esa medida, y asegurar el censo para 2023”, dijo Roca.

En la Llajta, Apolinar Rivera, titular del Comité Cívico, su vicepresidente, un dirigente gremial y otro obrero comenzaron el ayuno voluntario y mañana, una reunión asumirá nuevas determinaciones.

El Consejo Nacional de Salud (Conasa) anunció un paro para hoy en respaldo al censo 2023. Esa organización aglutina a colegios y sindicatos de profesionales sanitarios de todo el país. El ministro de Salud anticipa sanciones contra los profesionales sanitarios que no acudan hoy a sus fuentes laborales y acaten el paro por censo, según anunció el titular de esa cartera de Estado, Jeyson Auza.

El Comité Cívico de Beni, en un pronunciamiento, convoca a un bloqueo indefinido de carreteras a partir de hoy. Exigen censo en el primer semestre del próximo año. 

Transporte pesado en apronte

Según el presidente de la Cámara de Transporte Pesado de La Paz, Ramiro Sullcani, en entrevista con Radio Fides, expresó que el cierre de fronteras será escalonado. Adelantó que prevén comenzar en Yacuiba y Desaguadero y continuar en Tambo Quemado y Pisiga. 

Desde Cochabamba, el dirigente del transporte pesado, Héctor Mercado, afirmó que activaron un bloqueo en la localidad de Huayculi, en el municipio de Tarata. Anunció que se prevé masificar la medida en otros puntos, de los cuales no quiso dar detalles. 

En tanto que el pastpresidente y vocero de la Cámara de Transporte del Oriente (CTO), Herlan Melgar, expresó que la medida asumida por el sector a escala nacional de bloqueo y cierre de frontera se mantiene intacta, haciendo notar que se aplicará de forma escalonada, esto por estrategia para evitar el desplazamiento de efectivos de unidades tácticas policiales.

“Estamos en emergencia por la incapacidad e incumplimiento del Gobierno de las leyes y normas relacionadas con el censo. Somos víctimas, además, de las medidas desacertadas como el veto a las exportaciones que no se han regularizados de forma plena. La documentación sanitaria del Senasag que respalda la carga de exportación está frenada. La falta de combustible es otra variable que limita la circulación de unidades del transporte pesado”, dijo Melgar. 

A cuatro días de haberse levantado el cerco a la Refinería Guillermo Elder Bell de Palmasola persiste la falta de combustibles en Santa Cruz, que ahora suma largas colas en las distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso doméstico en garrafa, tanto en ciudad como en provincias. 

En la urbe cruceña y municipios como Montero, Camiri, El Torno, Cuatro Cañadas y otros más también reportan abastecimiento irregular de diésel y gasolina, lo que genera colas interminables en las estaciones de servicio.

Al escenario de la gasolina y el diésel, se suma el GLP en garrafas, que cada vez es más complicado conseguir, como sucede en Cuatro Cañadas. Ayer, en la plaza principal de ese municipio, la gente hizo fila para comprar una garrafa del camión distribuidor, que estaba llegando después de varios días.

Mientras que, en la capital cruceña, en un recorrido por los mercados 4 de Noviembre, San Luis, antiguo Abasto y sus alrededores se advirtió a varias personas en busca de una garrafa de gas, pero sin resultados. Tal como sucede con la gasolina, los revendedores de GLP, están hasta duplicando el precio de cada garrafa.

El director de Seguridad y Salud Ocupacional de YPFB, Juan Aguirre, informó que tras una reunión con las gerencias y las unidades de seguridad y subsidiarias de la estatal petrolera, se elaboró un plan de emergencia con la finalidad de ordenar y asegurar que las cisternas que llegan con productos líquidos puedan descargar sin ningún riesgo.

Wilson Ponce, jefe de planta de YPFB Logística Santa Cruz, informa que en la jornada de lunes se logró despachar 100 cisternas, cada uno con diferentes cantidades de combustible, que va desde 5.000 a 35.000 litros, según requerimiento de cada estación.

Actividad agrícola paralizada

La venta irregular de combustible limita las actividades agrícolas en zonas productivas de Santa Cruz. Así, según el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, el desabastecimiento de combustible ha paralizado la producción de alimentos en las zonas productivas que estaban iniciando la cosecha de 400.000 hectáreas de soya en la zona del Norte Integrado y la siembra de 1,3 millones de hectáreas de maíz, sorgo y soya previstas para el ciclo de verano 2022-2023.

“Es imperioso que, a partir del levantamiento del cerco a la refinería de Palmasola, se priorice la asignación de diésel a los surtidores de provincias y a los productores que compran de forma directa de YPFB como clientes directos o grandes consumidores”, refirió Hernández, al instar a YPFB, Agencia Nacional de Hidrocarburos y Sustancias Controladas que prioricen la entrega de combustible a los sectores productivos.