Las acciones destructivas de la naturaleza y con ella la de los seres humanos, la flora, la fauna y todo lo que suponga vida adoptadas por el Gobierno deberían movilizar a toda la población. A estas alturas nadie puede atribuir a la ignorancia conductas que atentan el equilibrio del planeta.
Son miles de investigaciones y otros tantos informes basados en aquellas que nos alertan sobre los efectos devastadores del calentamiento global, la contaminación de ríos, lagos, mares, glaciares y aguas subterráneas, pero ninguno mueve la sensibilidad de gente ávida de acumular dinero y poder a cualquier costo; si por tener una suculenta cuenta bancaria tiene que envenenar el medio ambiente en el que viven ellos, su familia, y vivirán sus descendientes, lo hacen sin el menor reparo.
El informe del Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU señala claramente que en Bolivia el uso indiscriminado del mercurio en la explotación del oro supera todos los niveles existentes en el mundo, afecta a la salud y la vida de la población y más aún de las comunidades asentadas en las orillas de los ríos. Estudios realizados sobre la salud de los esse ejja dan cuenta de la existencia de restos de mercurio en su organismo poniendo en grave riesgo la salud de toda la comunidad. También se conoce que en Bolivia se acopian ingentes cantidades de mercurio para su comercialización vía contrabando rumbo a países vecinos.
Era de suponer que después del informe las autoridades gubernamentales dieran señales de preocupación y se comprometan a encarar el problema, sin embargo, con la soberbia que les caracteriza, restó importancia al informe con el argumento que en el país se cumplen todas las normas internacionales y nacionales de protección del medio ambiente y la salud de las personas, descalificando así de plano y sin mayores argumentos un informe elaborado previa una investigación minuciosa.
En días pasados, el Gobierno dio un paso más en su afán de desafiar e incumplir las normas internacionales y la Constitución Política del Estado, autorizó la explotación minera en Apolobamba, Madidi y Cotapata, demostrando su desprecio por la salud, la vida y el bienestar general de las y los bolivianos. No pudo resistir la presión de los mal llamados cooperativistas mineros, que en realidad son dependientes de un puñado de poderosos contrabandistas de minerales preciosos que amasan ingentes fortunas; campeones en evadir impuestos, contrabandear minerales y burlar las leyes laborales y de protección a las mujeres y la niñez. Están empeñados en destruir la vida con total impunidad.
DE FRENTE
JULIETA MONTAÑO S.
Abogada, feminista, defensora de DDHH
julietamontaño@gmail.com
