El grupo de juristas independientes tiene 90 días para recoger las firmas de más de un millón y medio de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral. Los comités departamentales se desplegarán en el país a fines de noviembre, ya que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) concedió un plazo de 15 días para la impresión de más de 30.000 libros.

"Ponderando la decisión del TSE estamos al inicio de una gran cruzada nacional por la justicia con la adhesión de este 1.500.000 firmas que para su organización tiene nueve comités departamentales y contará con centenares de voluntarios para recoger las firmas", informó el abogado y exalcalde Juan Del Granado.

La exautoridad manifestó que el referéndum que intenta cambiar la elección de magistrados no es una campaña dirigida contra el Gobierno y que tampoco proviene de un sector de la oposición, sino que prevé transformar la crítica administración de justicia.

A solicitud de los juristas, la sala plena de TSE concedió un plazo de15 días para la impresión de libros, y luego correrá el plazo de 90 días para la recolección de firmas.

"La Sala Plena ha hecho caso al pedido de 15 días que solicitaron los juristas independiente para la impresión de cerca de 33.000 libros. Entendemos que la logística demanda tiempo y una vez que tengan los libros impresos correrá el plazo de 90 días", informó la vocal Dina Chuquimia.

Los cuadernos deberán tener el nombre completo, cédula de identidad, firma y huellas digitales de los ciudadanos que se adhieran a esta iniciativa. La estrategia será colocar los libros en los lugares de mayor concentración, en diciembre aprovecharán las ferias navideñas.

"Calculamos que la segunda quincena de noviembre estemos iniciando el recojo de firmas. No tenemos temor con que se cruce o coincida con las elecciones judiciales, porque si se cumplen los plazos estamos calculando que en el mes de julio del 2023 se estaría realizando el referéndum", sostuvo el jurista José Antonio Rivera.

Luego de la entrega de los libros con más de un millón y medio de firmas, existe un riesgo de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) demore en decidir que la iniciativa es constitucionalmente viable. Los juristas confían que esta instancia "preserve el estado de derecho".

El procedimiento indica que tras el dictámen del TCP, el TSE debe solicitar a la Asamblea Legislativa la emisión de la ley de convocatoria a referéndum y en caso de no hacerlo, en 30 días será el mismo Tribunal Electoral el que convoque al referéndum fijando fecha y disponiendo la asignación presupuestaria.