Al igual que los ucranianos, que hasta la fecha no encuentran una razón plausible que justifique la cruel invasión que se le ocurrió a un psicópata ruso hace más de ocho meses en contra de su nación, los bolivianos nos encontramos, desde hace más de un mes, enfrascados en determinar la fecha de realización de un censo de población y vivienda, cuyos objetivos encierran mucho más que el simple recuento de nuestra población y sus más perentorias necesidades.

Empero, ambos conflictos, cuya  solución pareciera ser muy simple, guardan un común denominador que los identifica claramente con el fraude y  la impostura, haciéndolos invencibles, cual es lograr la manera de perennizarse en el poder utilizando normas legales que les permitan ese objetivo, como el famoso Decreto Supremo No 27.915 de 13 de diciembre de 2004, que dispone que el Estado debe asegurar la inscripción gratuita de pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas de todo el país porque, al no estar inscritos en el Registro Civil, no tienen cédula de identidad para inscribirse en el registro electoral, hecho que les impide ejercer su derecho al voto.

Basados en dicha norma legal, no fue ningún problema adaptar la proposición del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, bajo los preceptos de su recientemente creada Misión Identidad, permitiendo a los indígenas obtener la cédula de identidad, como un documento que exprese su acceso a la salud, a la educación y, lo más importante: “su participación más clara en el voto”. Es más, con base en dichos argumentos, en marzo del año 2008, la Misión Cubana destacada en nuestro país, sugirió a Morales, si es que pretendía mantenerse en el poder indefinidamente, inflar el Padrón Electoral, dentro de su “Agenda Patriótica 2025”, a imagen y semejanza del sistema cubano.

Fue entonces cuando se le quitó a la Policía Boliviana la Unidad de Identificación Personal, Licencia de Conducir y Escuela de Conductores, y se creó el Servicio de Identificación Personal (SEGIP) para que el MAS administre el Servicio de Registro Civil (SERECI), que inscribió millones de Certificados de Nacimiento falsos con edad de votación,  y pasados al SEGIP para la emisión del Carnet que les permita su inscripción en el Padrón Electoral en los nueve Departamentos, y para ejecutar este “Plan Agenda Patriótica-2025”. Después de este trámite, los cubanos se encargarían de la informatización y sistematización del SERECI, SEGIP, INE y el Padrón Electoral Nacional.

A la luz de lo expuesto, no resulta difícil inferir la razón de la férrea oposición a la realización de un Censo 2023, que plasmaría todas estas falsificaciones hechas en los datos del padrón Electoral vigente. De hecho, hasta hace 10 años, esta norma de empadronamiento ciudadano vino realizándose normalmente, hasta que, inesperadamente se suspendió, ante la inminencia de comicios que definirían la toma del poder y la permanencia en éste, del MAS.

Declarar la guerra a Santa Cruz, imitando las nefastas y criminales incursiones de la década de los cincuenta, que iniciaron la absurda polarización entre collas y cambas, trasladando grupos inculturales y fuerzas del desorden para sojuzgar ese pueblo hermano, blandiendo una quijada de burro como la que Caín utilizó para matar a su hermano Abel, es lo más antipatriótico, esquizofrénico, desequilibrado y desatinado que un gobierno pueda hacer, sólo para mantenerse en el poder eternamente, con un invencible plan de fraude.