En algún momento, el conflicto por el Censo de Población y Vivienda ha dejado de ser un pulso por la fecha y ha pasado a convertirse en una suerte de excusa con el que ajustar viejas cuentas, y no solo entre bandos, sino al interior de los propios bandos.

Los argumentos son cada vez más escasos, sobre todo en el lado del gobierno: sostener que es imposible realizar el censo en 2023 cuando apenas hace cinco meses aseguraba que estaba todo perfectamente controlado para realizarlo en noviembre de 2022 es surrealista. Esa posición solo arroja más sombras sobre un gobierno que ya ha dado demasiadas muestras de debilidad en el pasado reciente, derogando y retirando varios proyectos de ley por la falta de consensos y de socialización previa a su lanzamiento, y a la vez, ha manejado demasiadas cifras – como la del desempleo o la de crecimiento – con demasiada discrecionalidad.

Hay dos nombres propios que han contribuido a elevar la tensión y que deberán dar explicaciones: Eduardo del Castillo, a la sazón ministro de Gobierno, y Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas

Así, la posición del comité cívico, gobernación cruceña y todas las demás manifestadas en el pasado diálogo multilateral, sería fácilmente sostenible en cualquier foro y solo debería “dejar ganar” de alguna manera al gobierno para alcanzar el objetivo enunciado: que el censo se haga en 2023. Puede ser mediante una mesa técnica, mediante un consenso o cómo sea, pero la negación reiterada a participar de los diálogos deja entrever que ese no es el objetivo real, sino, como mínimo, asestar otro golpe a la credibilidad de Luis Arce, cuando no tumbar su gobierno.

Huelga decir que el gobierno no se puede permitir otra humillación, pero sus propias torpezas lo están llevando a una salida de emergencia en términos de capitulación, por mucho que se edulcore. Hace una semana el paro estaba técnicamente muerto, apenas unas pocas rotondas radicalizadas sostenían la performance, mientras la ciudad retornaba a la normalidad sin mayores aspavientos, pero a alguien se le ocurrió que era buena idea hacer un cerco a la ciudad y llevar el asunto a los argumentos testosterónicos y no racionales.

Hay dos nombres propios que han contribuido a esa elevación de la tensión, Eduardo del Castillo, a la sazón ministro de Gobierno y responsable del rol que está jugando la policía en todo esto, y Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas, peso pesado en el entramado político cruceño, promotor del cerco y de otras actitudes violentas del partido de gobierno, como la tristemente célebre conformación de los “guerreros azules”. Curiosamente los dos han sido fuertemente cuestionados desde el que hoy es el sector crítico del MAS respecto al gobierno y que lidera Evo Morales. Llevar el conflicto a los parámetros de la violencia y pretender que este se convierta en una especie de re-legitimación de Arce es un error, básicamente porque el gobierno de Arce tiene toda la legitimidad para hacer lo que considere. Nada le interesa más a las fuerzas depredadoras del Estado y a los interesados en su disolución que alimentar las pugnas en base a criterios raciales y dogmáticos que no atienden argumentación.

Al parecer hay en todo esto gente que trata de demostrar que a ellos no les hubiera pasado; otros que creen que “hay que terminar la tarea” y otros muchos ociosos que realmente disfrutan con estos choques.

En esa marabunta de la polarización, se extrañan voces ecuánimes y al medio, que recuerden que lo importante en todo esto del censo es que Bolivia salga fortalecida como nación y como Estado – que no es lo mismo -. Poner en riesgo eso es demasiado irresponsable.