Los hechos de violencia que se viven en Santa Cruz llamaron la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), ambas entidades internacionales exhortaron al Estado boliviano a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de esos hechos.

“La CIDH y su RELE rechazan todo acto de violencia en contextos de manifestaciones, en particular aquellos fundados en elementos de discriminación por origen étnico-racial. Se hace un llamado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables, garantizando el debido proceso legal. Asimismo, ante reportes de agresiones a periodistas que cubren el paro, se recuerda que la libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir las manifestaciones, movilizaciones, protestas y sus contextos” señala una nota emitida desde la CIDH.

Desde el inicio de la medida de protesta, el 22 de octubre, se registraron enfrentamientos entre partidarios del paro indefinido y los que quieren romper la medida, que son militantes del MAS.  

Las dos entidades le recordaron al Estado que es su deber garantizar que los periodistas puedan ejercer su trabajo en condiciones de seguridad, preservando su vida e integridad personal. El 2 de noviembre se produjo una agresión al periodista Mario Alberto Rocabado Román y el camarógrafo Enrique Sánchez, quienes fueron golpeados en el municipio de La Guardia.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH, a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

“Se recuerda que el Estado debe adoptar medidas para proteger a las personas que participan en todas las manifestaciones”, señala otra parte de la carta. Los sectores que promueven el paro indefinido denunciaron que la Policía presta protección abierta a los campesinos y militantes del MAS que levantaron un cerco en torno a la ciudad de Santa Cruz.

“El hecho de que algunos grupos o personas cometan actos de violencia no vuelve, per se, violenta o ilegítima una protesta, ni permite a las autoridades públicas criminalizar en forma generalizada o a las fuerzas de seguridad acudir al uso de la fuerza o a detenciones masivas”, refiere luego la carta.

“La CIDH viene advirtiendo tensiones sociales históricas que pueden derivar en actos de violencia, como ha sucedido en el pasado. En anteriores escenarios de protesta en Bolivia, la CIDH ha advertido ante riesgos de discriminación por origen étnico-racial y por motivos de género”, señala también el informe.